Canarias se une para frenar el expansionismo marítimo marroquí

Canarias fue ayer una sola voz, y este milagro político (más en estos tiempos de tanta dispersión de voto) lo ha conseguido Marruecos con el nuevo paso que ha dado en su política expansionista marítima con la aprobación de dos nuevas normas que, en la práctica, suponen un nuevo paso en la política expansionista del país vecino, iniciada con el Sahara Occidental y que ahora se traslada a las aguas de Canarias.

Como es sabido, la clave de tanto interés por parte de Rabat, en esta parte del mundo, radica en los enormes recursos existentes en su subsuelo marino, empezando por el petróleo y el gas (que tanto España como Marruecos ya han intentado extraer), como, más largo plazo, los minerales hallados en una serie de montes submarinos que, en realidad, son un antecedente diluviano de las Canarias actuales.

Entre dichos montes destaca, por motivos evidentes, Tropic, cuya extensa cima está cubierta por telurio, un mineral fundamental para la emergente industria tecnológica, con utilidades fundamentales tanto para la telefonía móvil como para la energía solar.

Así, Marruecos ha dado un paso más en un plan que viene de mucho tiempo atrás, pero que se ha reactivado en los últimos años. No en balde, Rabat ya aprobó en noviembre de 2019 otras dos normas que, en realidad, son las que posibilitan a las impulsadas ahora y que extienden la frontera marítima marroquí hasta prácticamente todo el Archipiélago, con excepción de una parte de El Hierro.

Entonces, como ahora, desde el Gobierno de Mohamed VI se obró exactamente igual: para el consumo interno, se trata de una decisión histórica, pero si hablan para medios españoles, no tiene la menor importancia desde la perspectiva internacional.

Pero no es así. Lo que está haciendo Marruecos es armarse con vistas al conflicto que se dirime en las Naciones Unidas por el control de esta zona del Océano Atlántico. Como informó en su día DIARIO DE AVISOS y al igual que llevó a cabo con el oeste de Galicia (79.000 kilómetros cuadrados) y al norte del Cantábrico (70.000 kilómetros cuadrados), España solicitó en agosto de 2015 ante la ONU su solicitud de control sobre las aguas hacia el sur y el oeste de Canarias (220.000 kilómetros cuadrados), alegando que se trata de la zona donde impera el fenómeno geológico que dio paso al Archipiélago, que, como es sabido, no es una prolongación natural del continente africano, sino fruto de la actividad volcánica submarina.

Mientras Naciones Unidas ha dado el visto bueno a la petición sobre el Cantábrico, el caso gallego y el canario siguen sin ser resueltos, habida cuenta que se oponen a la misma tanto Portugal (ojo, en ambos casos) como Marruecos, cuyo gobierno es particularmente activo sobre este asunto.

Sirva como muestra de ello que, como se recoge en esta respuesta del Gobierno de España a la exdiputada tinerfeña de Ciudadanos Melisa Rodríguez, fechada en 2017), donde se recuerda que, aunque Naciones Unidas dé la razón a España, habrá que negociar igualmente con Rabat: “(…) Conviene tener presente que la decisión que adopte en su momento la CLPC (Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas) contiene únicamente “recomendaciones al Estado ribereño sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su Plataforma Continental”, que servirán de base para que el Estado concernido determine los mismos de manera definitiva y obligatoria (art. 76. 8) de la Cnumd [Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982]). Es, por tanto, el Estado ribereño el que adopta la decisión de fijar esos límites de la Plataforma Continental ampliada.

Ahora bien, la Cnudm deja claro que todas estas disposiciones “no prejuzgan la cuestión de la delimitación de la Plataforma Continental entre Estados, con costas adyacentes situadas frente a frente” (art. 76.10 Cnudm). Esto significa que España, una vez se contara con una decisión favorable de la CLPC para extender la Plataforma Continental concernida más allá de las 200 millas, en el sentido y límite que recoja la recomendación (nunca más allá de las 350 millas), habría de negociar con los Estados concernidos (en este caso Marruecos) la delimitación final”.

La Convención

Pero, ¿de quién son las aguas según las normas vigentes en el Derecho Internacional? Para ello hay que acudir a la citada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. En el caso de que el mar, según esta convención, pueda pertenecer a uno o más países se abre una negociación entre ellos.

Por norma general, se establece una mediana que separe las aguas de manera equitativa, aunque, en caso de no haber acuerdo, puede terminar en una corte internacional. En el caso de Marruecos y España no hay distancia suficiente para que ninguno de los países se reserve las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva. No obstante, tanto el Gobierno español como el alauí han respetado siempre, sin tener ningún acuerdo formal, una mediana imaginaria que delimita las aguas de cada país. Esto se ha aceptado y no se ha vulnerado en momentos clave como, por ejemplo, cuando en 2015 Marruecos autorizó prospecciones petrolíferas en su lado de esa mediana imaginaria y España lo hizo en el suyo. Aunque ambos anuncios levantaron cierta expectación, lo cierto es que no se pasó a mayores, básicamente porque en ambos casos las prospecciones se aplazaron sine die. Ahora, Marruecos consolida en su derecho interno lo que pretende hacer valer internacionalmente: tener acceso a las tremendas riquezas que se ocultan bajo el mar que lo separa de Canarias y, de paso, afianzar su control sobre el Sahara Occidental.