güímar

El abogado de los vecinos de Santa Lucía no descarta la denuncia por prevaricación

Langa anuncia un contencioso-administrativo ante el decreto de desalojo y una demanda de responsabilidad patrimonial por daños morales
José Luis Langa expuso a una treintena de vecinos los pasos a seguir en el recurso al desalojo / FRAN PALLERO

Los afectados por el desalojo de Santa Lucía, en el litoral de Güímar, exigieron hoy en  rueda de prensa que se establezcan unos plazos de ejecución y unas garantías antes de abandonar sus viviendas. El pasado 5 de diciembre, el Ayuntamiento comunicó por decreto a estos vecinos el desalojo voluntario por riesgo de desprendimiento a través de un informe técnico municipal. Los vecinos de las 21 viviendas afectados se negaron abandonar sus casas sin las garantías de poder regresar a ellas, mientras el Ayuntamiento ha puesto el decreto en manos de la Justicia para que sea un juez quien ordene, o no, el desalojo forzoso del barrio, que el fin de semana, pese a la prohibición municipal, celebró la festividad de Santa Lucía.

El representante jurídico de este colectivo, José Luis Langa, que estuvo acompañado por el vicepresidente del colectivo vecinal, Rafael de Armas, además de una treintena de vecinos,  recordó que el 11 de diciembre mantuvo una reunión con el alcalde, Airam Puerta, así como con el concejal de Servicios Sociales, José Miguel Hernández y técnicos para intentar buscar una solución inmediata. “Tras una larga negociación, el Ayuntamiento no aportó alternativas que beneficien a los afectados”, señaló el abogado que ha pedido una reunión urgente con todas las partes: Gobierno de Canarias, Cabildo, Costas y vecinos, e incluso ha pedido una cita con el diputado del Común, Rafael Yanes, alcalde de Güímar cuando se produjo el primer desalojo en 2011.

Langa asegura que estos vecinos han decidido, entre otras acciones, presentar contra el consistorio “un recurso contencioso–administrativo para garantizar alternativas a su grave problema, sin resolver desde el año 2011, cuando se dictó el primer decreto y fue desestimado por sentencia de una jueza, sin que se realizaran desde entonces ninguna actuación en Santa Lucía”. Además el representante jurídico adelanta que “estudiamos presentar una demanda de responsabilidad patrimonial por daños morales, así como una denuncia contra el alcalde Airam por prevaricación”, al entender que “ha actuado a sabiendas de que su resolución es injusta”.

El Gabinete Jurídico José Luis Langa fue el que representó a este colectivo en el 2011, por esta misma causa. En aquella ocasión el Ayuntamiento se comprometió y comunicó actuaciones que no se han cumplido. El letrado  asegura que “el barrio de Santa Lucía continúa con el mismo problema desde hace una década por lo que exige que “Ayuntamiento, Cabildo y Costas aporten soluciones de forma inmediata. Deberían empezar por el vallado para evitar desprendimientos, independientemente del proyecto que deben realizar en el talud”.  

 

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