La reactivación de la ruta Atlántica de la migración es una de las noticias más dramáticas que deja el recién terminado año 2019. Esta crisis humanitaria causó, solo el pasado año, la muerte a más de 170 personas que buscaban en las costas canarias, un futuro mejor. El riesgo no solo está en las mafias, que juegan con la desesperación, sino en el tipo de embarcaciones y sobre todo, en las condiciones del mar.
Todos estos acontecimientos han motivado al Gobierno regional, encabezado por el socialista Ángel Víctor Torres, a reunirse con el Ministerio del Interior y su máximo representante, Fernando Grande-Marlaska. El primer encuentro tendrá lugar hoy, mientras que en una segunda cita se abordarán cuestiones más técnicas sobre la inmigración el próximo día 8.
Cabe recordar que el naufragio de un cayuco el pasado mes de diciembre en la costa de Nuadibú, en Mauritania, provocó el fallecimiento de 62 personas y decenas de heridos, entre ellos, una niña de dos años. Se dirigían a Canarias, pero la aproximación de la embarcación a la costa para repostar les hizo chocar contra un Arrecife y volcar. Mejor suerte corrió la vida de las 2.644 personas que alcanzaron las costas canarias el pasado 2019. Esta cifra supuso un incremento del 108’8% respecto al 2019, cuando lo consiguieron 1.266 personas.
El incremento se produce, precisamente, después de que el Gobierno de España haya endurecido su control en la Península, donde el número de personas que arribaron por esta vía en el 2019 descendió un 50% respecto al año anterior. Conscientes de esta situación, las mafias aprovechan para recuperar la ruta Atlántica, que ha sido calificada por las organizaciones como una de las más peligrosas.
Entre los asuntos que el Ejecutivo regional planteará en su reunión con el Ministerio del Interior se encuentra la acogida a los migrantes. En el aire está la reapertura del CIE de El Matorral, en Fuerteventura, mientras que el de Barranco Seco, en Gran Canaria, abrió en noviembre. Hace apenas una semana, el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, se refería a estas infraestructuras “como peores que una cárcel” y explicaba que “de allí, los inmigrantes no pueden salir ni entrar, y comen mal” Pérez descartó que los CIE sean “el modelo adecuado” y “mucho menos para los menores”.
Si bien es cierto que el Ejecutivo regional ha transferido partidas específicas para la acogida de menores no acompañados a los cabildos de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, la situación actual en el resto de Islas también está lejos de ser idílica. Sin ir más lejos, en Tenerife, personas que han salido de los CIE se encuentran durmiendo en el Parque Viera y Clavijo. Como cuenta hoy DIARIO DE AVISOS, Candelaria y Santa Cruz son los dos únicos municipios de la provincia occidental que han contestado a la petición de la Delegación del Gobierno para ceder instalaciones a la Cruz Roja con el fin de dar cobijo a migrantes.
El actual director general de Casa África y exdelegado del Gobierno en Canarias en los años 2004-2008, José Segura, invita a mirar el pasado de las Islas y cómo el país afrontó la denominada “crisis de los cayucos”, cuando se produjo el mayor incremento de la llegada de personas por mar: “recuerdo que había días en los que llegaban 100 o 200 personas al día”, comenta.
Asimismo, Segura apuntó a las decisiones que tomó por aquel entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien “hizo un plan integral de cooperación con los países africanos más próximos, se crearon nuevas embajadas y talleres ocupacionales de empleo protegido”. Además, añadió, “el Ministerio del Interior suscribió también convenios de colaboración policial y de control de fronteras marítimas, de tal manera que se incrementaron en Canarias los medios del servicio marítimo de la Guardia Civil”, sentenció.
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