El sistema educativo español, al igual que muchos otros de distintos países en varios continentes, vive una situación anómala debido a la emergencia sanitaria causada por la Covid-19. China fue el primer país en el que las medidas de contención del virus obligaron al confinamiento de la población escolar y a las clases online. En un reportaje publicado en El País el 6 de marzo se leía lo siguiente: «Un niño sale a la azotea de la casa de sus padres en la provincia de Hubei y levanta el móvil en busca del mejor punto de conexión a Internet.
Otro, en Xichuan, se coloca en una esquina estratégica de su terraza, donde logrará enganchar el wifi de su vecino». 280 millones de escolares del país asiático quedaron afectados por el tránsito a la educación a distancia. En nuestro país, en una semana, todas las comunidades autónomas suspendieron clases y el 14 de marzo conocimos el Decreto de Alarma. En su artículo 9 se exponían las medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. Sucintamente se decía en él lo siguiente: «Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible».
Este mandato obligaba a pasar de las clases presenciales a la enseñanza a distancia en todos los niveles educativos, y en todo el país. Las administraciones educativas autonómicas, en un tiempo récord, y partiendo de realidades muy desiguales, reaccionaron aumentando la potencia de los servidores, reactivando plataformas pensadas para ser complementarias de las clases presenciales y convirtiéndolas en una infraestructura esencial y, finalmente, habilitaron enlaces que llevaban a actividades y recursos digitales que habían sido escasamente utilizados. Los equipos de Tecnología educativa y de Informática hace más de tres semanas que están trabajando a destajo para que el profesorado y el alumnado puedan estar conectados y en comunicación y garantizar así la continuidad pedagógica obligada por el carácter constitucional del derecho a la educación. Ante la plena consciencia de que la eliminación de la presencialidad producía un reforzamiento de las desigualdades sociales, nuestra prioridad inmediata fue habilitar la atención alimentaria al alumnado más desfavorecido. También dimos protagonismo a la lucha contra la brecha digital de las familias españolas, otra de las ominosas caras de la pobreza.
Las Comunidades Autónomas hemos habilitado encuestas para identificar al alumnado desconectado y estamos habilitando, en colaboración con las administraciones locales, la adquisición de tabletas y tarjetas de datos. La ministra Celaá, desde el minuto uno, lo dijo con claridad: «que ningún alumno, que ninguna alumna se quedé atrás». Para lograrlo necesitamos financiación adicional destinada a luchar contra la pobreza digital y un gran despliegue de solidaridad social al servicio de la justicia educativa. El reto es enorme y necesita de la complicidad de toda la sociedad, de esa «tribu», ahora conectada virtualmente, pero que también sale a ventanas y balcones, que es la que educa y siempre ha educado.
No sabemos aún cuando volveremos a las aulas porque la contagiosidad del virus representa un gran desafío. La mayoría de las universidades han optado por un cierre telemático del curso y se garantiza la celebración de la EBAU, de la selectividad. El esfuerzo del profesorado, en todos los niveles educativos, en avanzar en competencias digitales, en diseñar las clases on line y en habilitar actividades y tareas incorporando nuevas metodologías está siendo, no solo contrarreloj, sino una gran empresa de innovación educativa nunca antes vista. Además, es un imperativo moral no abandonar, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, a las familias sino cimentar la cohesión y la comunicación de una comunidad educativa resiliente frente a la adversidad. Nunca el profesorado ha estado más cerca de los estudiantes y más preocupado por sus dificultades. En solidaridad con el personal sanitario, al que nunca agradeceremos lo suficiente su entrega heroica, los trabajadores de la enseñanza muestran también que los servicios públicos son la columna vertebral de una sociedad decente que no excluye a nadie. La sanidad y la escuela pública no pueden seguir siendo erosionadas. Esta es una de las enseñanzas fundamentales de esta crisis sanitaria, social y económica.
De este trance traumático saldremos con un gran avance en agenda digital educativa y ello servirá para que las nuevas generaciones puedan incorporarse a un mundo laboral en el que el teletrabajo será una de las modalidades dominantes. Teníamos ya conciencia de estar en plena cuarta revolución industrial (inteligencia artificial, robótica, automatización, etc.) y también estábamos implicados en generar vocaciones tecnológicas que, al mismo tiempo no desdeñaran el legado de las humanidades y el carácter vertebrador de la ética y los derechos humanos en el diseño educativo del futuro. Hoy estamos a la espera del desarrollo de la vacuna de la Covid-19 y valoramos como nunca el papel de la investigación científica. El curso 2019-2020 nunca será olvidado. La comunidad educativa, su cohesión y fortaleza, lo hará pasar a la historia como un gran trauma educativo que, sin embargo, nos permitió dar un gran salto adelante en equidad educativa, en la lucha contra las desigualdades y en el fomento de las competencias básicas que nos exige la responsabilidad ante el futuro. No es tarea fácil, pero vamos a lograrlo.
*Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
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