A pesar de miles de casos confirmados de la Covid-19 entre trabajadores de plantas de procesamiento de carne y aves en todo el país, el presidente Trump, citando temores de inminente escasez de carne en los supermercados, ha ordenado que las instalaciones permanezcan abiertas. Trump firmó la orden ejecutiva invocando la Ley de Producción de Defensa, que obliga a los procesadores de carne a permanecer abiertos para evitar la escasez en las cadenas de suministro de alimentos de la nación, a pesar de los crecientes informes de muertes de trabajadores de plantas debido al coronavirus.
Los grupos y sindicatos de defensa de los latinos han cuestionado si los propietarios de las plantas están garantizando la seguridad y protección adecuadas a estos trabajadores que con frecuencia pertenecen a grupos vulnerables de la población. La industria de producción de carne y aves depende, en gran medida, de la labor de una gran mayoría de trabajadores inmigrantes y latinos para operar. Una de sus mayores plantas – o empacadoras, como se les conoce localmente- está en la población rural de Greeley, en el estado de Colorado. La planta, que da empleo a unos 6.000 trabajadores es para muchos su principal fuente de ingresos pese a los turnos exhaustivos que mantienen la planta abierta las 24 horas, 7 días a la semana, un salario mínimo interprofesional y múltiples denuncias por tratos abusivos desde hace décadas. Silvia Martínez en la portavoz de Latinos Unidos of Greeley y conoce muy bien estos casos: las condiciones actuales de la fábrica y las trágicas historias de empleados que se han enfermado y fallecido por no poder llevar a cabo su trabajo con garantías de seguridad.
-¿Cuál es la situación actual de los trabajadores?
“Los trabajadores están asustados, al menos siete de ellos han muerto. La planta estuvo cerrada por 9 días, desde que se confirmaron los primeros casos, pero volvió a abrir antes de cumplirse los 15 días de cuarentena que se les había impuesto”.
-Los críticos dicen que la planta reabrió a pesar de que JBS incumplió su promesa de hacer pruebas a todos sus trabajadores…
“Solamente a los supervisores les han hecho la prueba. El condado organizó un día de tests, pero la mayoría de los trabajadores de la fábrica son latinos (80%) y el resto africanos, muchos de ellos ni siquiera hablan inglés, y no se enteraron de cuándo o dónde se iban a realizar las pruebas… Conozco al menos un caso donde una trabajadora dio positivo, dos de sus cuatro hijos también y su marido recibió un resultado inconcluso, sin embargo, se reincorporó al trabajo inmediatamente sin haber pasado la cuarentena. Al preguntarle, me dijo que la habían llamado nuevamente para que fuera a trabajar que el resultado en realidad era inconcluso, pero no el de sus hijos…
-¿Cómo está gestionando la empresa la seguridad de sus trabajadores?
“Al principio ni siquiera comunicaron que había empleados enfermos. Después de que todo salió a la luz, el vicepresidente Mike Pence visitó la fábrica el 10 de abril prometiendo equipo de protección a los empleados y pruebas para todos. Hasta ahora solo han llegado mascarillas y guantes, pero no los tests. Los empleados que se han enfermado muchos de ellos han estado o están todavía en el hospital (más de un mes en respiradores) y tienen que pagar ellos la factura. Uno de los fallecidos llevaba trabajando 30 años en la planta, y su sueldo era el sustento de su hogar, ahora su familia no solo llora su pérdida, sino que tiene que hacer frente a los gastos del funeral (unos 12.000 dólares) las cuentas del hospital… cuando la familia solicitó la baja pagada por enfermedad (workers comp), la compañía se la negó. Las facturas del hospital por el tratamiento de Covid-19 suelen costar un promedio de 30.000 dólares que pueden fácilmente ascender dependiendo del estado en el que viva el paciente, la gravedad y tiempo de hospitalización (aunque se espera que la administración se haga cargo de parte de la deuda por medio de un reembolso), una razón más por la que los trabajadores de estas plantas se sienten desprotegidos, ya que aunque los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional han emitido pautas sobre cómo las plantas pueden operar de manera segura, los activistas laborales señalan que las instrucciones son voluntarias y en muchos casos inaplicables. Es imposible mantener la distancia social en lugares comunes: solo un ejemplo, en los comedores, donde se juntan todos los empleados y no pueden utilizar la mascarilla mientras comen”.
Intereses políticos y económicos
El condado Weld, en Colorado, donde está la planta JBS de Greeley es un condado fuertemente republicano, compuesto principalmente por rancheros y granjeros, dedicado además, al sector del petróleo y minería, con casi el 80 % de la población blanca, la minoría más amplia es hispana.
Durante la guerra de aranceles con China de 2019, el gobierno de Trump destinó 28 mil millones de dólares a paliar los efectos negativos a los granjeros sabiendo que componen su mayor base electoral. Se está investigando si el pago a los rancheros fue mucho más alto que las pérdidas devengadas por la guerra de aranceles, lo que prácticamente equivaldría a comprar y asegurar el voto de los beneficiados en las próximas elecciones.
En el caso de JBS son varios los legisladores -incluidos algunos republicanos- los que han cuestionado el uso de esos fondos, ya que la compañía recibió casi 70 millones en el paquete de estímulo a
pesar de dos de sus dueños, Joesley Batista, y su hermano Wesley Batista, de origen brasileño fueron arrestados (aunque eludieron la cárcel) en su país en 2017 y 2018 por corrupción (entre otras cosas por financiación ilegal de campañas políticas), y se sospecha que mantienen lazos con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Transacciones
En octubre de 2019, Los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez enviaron una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchi, pidiendo al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) que revisara las transacciones de JBS, que ha comprado varias compañías cárnicas estadounidenses en los últimos años. “Este conglomerado de plantas de procesamiento de carne se ha involucrado en actividades financieras ilícitas y tiene vínculos comerciales con el régimen de Maduro”, dijo la oficina de prensa de Rubio en Twitter.
JBS se defendió entonces por medio de un comunicado, diciendo que siempre ha cooperado “transparentemente” con las autoridades estadounidenses en relación con los “eventos ocurridos” en Brasil.
Abandonados por las autoridades locales
En este ambiente de impotencia que sobrepasa por las razones citadas anteriormente el ámbito de actuación local, los activistas de Greeley sienten que ni al consumidor (tras difundirse la noticia de que iba a haber escasez de carne en los supermercados), ni a las autoridades municipales ni estatales les interesa cambiar la situación.
“Nosotros creemos -concluye Silvia Martínez- que se trata de una estrategia para obligar a mantener el ritmo de trabajo y las plantas abiertas sin importar sacrificar la vida de los trabajadores… son madres, padres de familia…son personas.. Los representantes locales, estatales y federales, nos han dado la espalda”.
