La Fiscalía Anticorrupción observa indicio de prevaricación continuada por parte de Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias, durante su etapa como alcalde de La Laguna. Es en relación al caso Reparos, destapado por DIARIO DE AVISOS, que versa sobre presuntas ilegalidades en las contrataciones realizadas por el Consistorio lagunero a pesar de las advertencias realizadas a este respecto por la Intervención Municipal, cuyos reparos fueron levantados sistemáticamente por el equipo de gobierno.
La Fiscalía, en un informe presentado en marzo, solicita la apertura urgente de una pieza separada relativa a la participación de Fernando Clavijo en este proceso judicial debido a su aforamiento como senador. De prosperar la petición del ministerio público, la instrucción relativa al expresidente del Gobierno de Canaria proseguiría en el Alto Tribunal en Madrid.
Conceptualmente hablando, dicho caso es muy similar al de las Grúas, pero multiplicado de forma exponencial, ya que el caso Reparos versa sobre la presunta comisión de más de un centenar de delitos de prevaricación por la prolongación de servicios municipales adjudicados por contratos que, en realidad, ya estaban extinguidos.
Estas prácticas son consideradas ilegales por la Intervención del Ayuntamiento lagunero, pero desde el grupo de gobierno se levantaron los reparos interpuestos sistemáticamente, a tal punto que si en el caso Grúas se investiga la presunta ilegalidad de la promulgación de tres decretos, en el caso Reparos ya son, según recopiló Santiago Pérez, actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, más de 120 decretos.
Curiosamente, para eludir los controles propios de una adjudicación pública se alegó una supuesta urgencia que, en realidad, provocaba el propio Ayuntamiento, al no preparar con tiempo el nuevo procedimiento. Por si fuera poco, esa supuesta urgencia es admisible de forma excepcional, pero la Corporación local de la Ciudad de los Adelantados lo convirtió, durante la época de Clavijo y Díaz como alcaldes, en un modus operandi a la hora de contratar servicios.
El retraso en la justicia debido a la crisis por el coronavirus ha provocado que sea ahora cuando se conoce la petición de la Fiscalía Anticorrupción, firmada por María Farnés Martínez, delegada en Santa Cruz de Tenerife, que no tiene que ver solo con Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, exalcalde de La Laguna, sino también con cargos de confianza y altos funcionarios que formaron parte del Consistorio.
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