DespuÉs del paréntesis

El rey

Se dirá que no es extraño que Unidas Podemos pida en el Congreso una comisión para aclarar los supuestos negocios fraudulentos del ex-rey Juan Carlos I. Lo que se deduce de tales demandas es que así se mueven los republicanos. Es decir, se concluye una actitud que no se casa del todo con lo que […]

Se dirá que no es extraño que Unidas Podemos pida en el Congreso una comisión para aclarar los supuestos negocios fraudulentos del ex-rey Juan Carlos I. Lo que se deduce de tales demandas es que así se mueven los republicanos. Es decir, se concluye una actitud que no se casa del todo con lo que representa. Porque es cierto que en este país lleva de retraso muchos años un debate necesario, si queremos que nos represente una pobre monarquía como la nuestra o que sería más adecuada la república. Porque una entidad tal sufre de varias refutaciones: “una”, la monarquía de aquí es una artimaña de la dictadura a la que habría de responderse; “dos”, frente a lo que ocurre en otros países del mundo, como Gran Bretaña o Noruega, lo que en este suelo ocurre no se casa con el tiempo que vivimos. Mas digo que es poco fino el dictamen sobre Unidas Podemos por un fundamento: lo que algunos partidos políticos quieren investigar es si son ciertos los datos que se manejan y que apuntan a una fortuna extraordinaria del ex-rey ganada ilegalmente. Y lo que ocurre en el Parlamento es lo que nos pone a temblar. Este Estado tomó la decisión de dar por las narices al derecho en su sustancia en el momento del tránsito: unos seres precisos de la nación resultan distintos del resto de los mortales. O lo que es lo mismo, si un vecino roba una gallina (aunque sea para comer) puede ser requerido por delito y sin excepción. En la dicha persona que fue rey se cumple una cláusula: es “inviolable”, o lo que es lo mismo, no puede ser juzgado incluso por ilegalidades. De donde PSOE, PP y VOX atienden a lo que la condición depara: no destapar las faltas que afectarían a la institución. Los monárquicos (PP y VOX) se unen a los que no lo son tanto (PSOE) pero que responden al principio que argumenta la dicha estipulación legal. Es decir, imponen el silencio. Amparándose, además, en otra argucia manifiesta, que proclamó la presidenta parlamentaria doña Meritxell Batet, el artículo 66.2 de la Constitución: las Cortes Generales controlan “la acción del Gobierno” no a las otras instituciones como la Jefatura del Estado. Y lo que depara este sesgo, a la par de intolerable, no es que el rey deba ser investigado o no, es la duda que está en la cabeza de todos los españoles: ¿don Juan Carlos I es un corrupto? ¿No tenemos derecho a saberlo los ciudadanos como en cualquier país civilizado del mundo? Esa, solo esa, es la cuestión.