
DA / EP
La Sala Segunda del Tribunal Supremo hizo público ayer el archivo provisional del caso Grúas, en el que figuraba como investigado (antes imputado) el expresidente de Canarias y senador Fernando Clavijo, al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su actuación en estos hechos, tramitados inicialmente por el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Laguna y relacionados con la gestión municipal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a través de una concesionaria. El Supremo ha llegado a esta conclusión tras analizar la exposición razonada remitida por la titular del citado juzgado lagunero, siendo ponente el magistrado Manuel Marchena. Siempre de acuerdo a la exposición del juzgado, el delito de prevaricación administrativa habría sido cometido por el aforado en relación a la concesión en 2014 por parte del Ayuntamiento de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas, que atravesaba graves problemas de tesorería, y a la prórroga del contrato de concesión, pese a que el interventor de la Corporación presentó reparos sobre ello. Y sobre el presunto delito de malversación, se habría cometido en relación al préstamo, pese a que fue objeto de devolución por parte de la empresa concesionaria que lo recibió.
El Supremo, por el contrario, considera que los hechos descritos en la exposición razonada no permiten la exigencia de responsabilidad criminal del entonces alcalde Fernando Clavijo. El auto recuerda, entre otros asuntos, que en el expediente constaba un dictamen encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, en el que, “sin margen para la duda, se reconoce la cobertura jurídica del préstamo para restablecer el normal funcionamiento del servicio y la forma de contabilizar su otorgamiento”. Y por lo que afecta a las garantías que deben asegurar la restitución de ese préstamo, el propio dictamen señalaba que la fianza inicialmente prestada en 2003 para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión, podía servir de garantía de la devolución.
No se aclara si se libera también al resto de los imputados
Aunque el auto hecho público ayer por el Tribunal Supremo es claro en lo que respecta al archivo provisional del caso Grúas por lo que atañe a Fernando Clavijo, no hace mención sobre el resto de los investigados, que son el exalcalde lagunero José Alberto Díaz, el exconcejal Antonio Pérez-Godiño y la exresponsable de la seguridad municipal, Rosario García. Aunque se da por sobreentendido que, si Clavijo no cometió delitos, difícilmente, pudieron hacerlo sus subordinados, todo apunta a que se solventará definitivamente en el juzgado lagunero sobre los demás.
Clavijo: “Es la prueba de que gestionamos pensando en el interés general”
El senador y expresidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), afirmó ayer que el archivo del caso Grúas por parte del Supremo “calla muchas bocas y muchas insinuaciones” y demuestra que en su actuación como alcalde de La Laguna gestionó el servicio de grúas “pensando en el interés general”. Acompañado por el secretario general de CC, José Miguel Barragán, y el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, Clavijo sostuvo que los denunciantes, Unidas se Puede y el concejal de Avante Santiago Pérez, querían “hacer daño”, tanto a él mismo como a CC.
“No estoy satisfecho, el daño personal, familiar y el sufrimiento de muchas personas no puede ser compensado, pero queda la tranquilidad de que se actuó siempre pensando en el interés general del servicio público”, ha comentado. Tras apostillar que “no cambia nada” en la relación que había con su partido porque “siempre” le ha mostrado su “confianza” desde que se presentó el caso, no quiso aclarar si volverá a optar a la carrera presidencial tras este archivo.
Por su parte, José Alberto Díaz señaló que siempre ha tenido la “conciencia tranquila”, porque se actuó por el interés general, al tiempo que felicitó a los funcionarios porque “se les había puesto en cuestión”.