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La jueza amplía el plazo para investigar la pieza separada contra Clavijo

El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna declara ‘compleja’ la causa abierta por presunta prevaricación en los reparos levantados por el coalicionero cuando era alcalde, y que acabará presumiblemente en el Supremo al acogerse el hoy senador a sus privilegios como aforado
Fernando Clavijo abandona el salón de plenos en el Parlamento de Canarias. Fran Pallero

Tras una inactividad cercana a los dos años y medio desde que se presentó la denuncia, el caso Reparos al fin muestra visos de no haberse quedado olvidado en una gaveta. Después de citar como imputados a los implicados por este procedimiento en la causa en la que se investiga la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha declarado como compleja la pieza separada del mismo sobre Fernando Clavijo, que se centra en los levantamientos de reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención General y que llevan la firma del que fuera alcalde de la Ciudad de Los Adelantados.

Este trato procesal distinto al que también fuera presidente regional se debe a que, como ya ocurriera en el caso Grúas, el coalicionero hace valer sus privilegios inherentes a su actual condición de senador autonómico, lo que se traduce en un aforamiento para que solo pueda ser juzgado en el Tribunal Supremo.

Ahora la jueza declara dicha complejidad de la causa (tal y como lo había solicitado la Fiscalía Anticorrupción) para ampliar de seis a 18 meses el plazo de instrucción de la misma, lo que, sin duda, permitirá ahondar en la investigación sobre Clavijo.

Esta ampliación del periodo de instrucción ha sido decretada en un auto que lleva como fecha el 15 de junio pasado (se desconoce cuándo se comunicó a las partes) y a cuya copia ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.

En el mismo, la jueza explica los motivos para adoptar tal decisión, y lo cierto es que no le faltan, dado que alude a los principales requisitos recogidos en el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, en el auto se detalla que se declara compleja la causa sobre esta pieza separada del caso Reparos “al recaer la investigación sobre hechos en los que son concurrentes las siguientes circunstancias: por tener por objeto numerosos hechos punibles; por involucrar a gran cantidad de investigados o víctimas, y por exigir la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis”.

Básicamente, este caso Reparos consiste en que, desde 2013, tanto Clavijo como Díaz levantaron los reparos de legalidad que ponía la Intervención General a la hora de contratar de nuevo  -sin concurso público- la prestación de importantes servicios municipales. La relación de resoluciones adoptadas por Clavijo, Díaz y algunos otros miembros de sus gobiernos municipales para burlar los reparos planteados por la Intervención desde 2013 son 140 (46 llevan la rúbrica de Clavijo) y suponen un importe aproximado total de 60 millones de euros.

Lo que viene a decir el interventor en la mayoría de los casos es que, autorizando la continuidad de la prestación del servicio sin procedimiento administrativo de ningún tipo, se consigue una prórroga contraria al ordenamiento jurídico. Considera estas autorizaciones “nulas”, ya que debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación para respetar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.

El denunciante, el hoy concejal de Urbanismo lagunero Santiago Pérez, considera que estamos ante un supuesto modus operandi para eludir las reglas de contratación pública en beneficio de las mismas empresas. Hay que tener en cuenta que la justificación para seguir adjudicando a determinadas empresas esos servicios era curiosamente la urgencia debida a la finalización de dichos plazos, cuando quienes habían dejado que se cumplieran eran los mismos que habían provocado tal urgencia.

Resta añadir que el Ayuntamiento de La Laguna ya ha entregado la nueva documentación sobre el caso Reparos como así ordenó la jueza tras la solicitud a ese respecto realizada desde la Fiscalía.

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