Una sentencia del Tribunal Supremo publicada ayer pone contra las cuerdas a la primera concejala no adscrita de la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, al hacer referencia a una limitación que poseería por su condición de tránsfuga, la cual adquirió por desobedecer la disciplina del que fuera su partido, Ciudadanos, al apoyar la moción de censura impulsada por Coalición Canaria y Partido Popular contra el Gobierno de la socialista Patricia Hernández. Según la sentencia, emitida en relación a unos hechos acaecidos en el Consistorio de Font de Figuera, en Valencia, la legislación “impide” para ediles en su situación “que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.
Alonso ostenta en la actualidad la máxima responsabilidad sobre las áreas municipales de Seguridad, Movilidad, Accesibilidad y Promoción Económica, aparte de ser segunda teniente de alcalde, y todo parece apuntar a que el dictamen de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, de entenderse desde los servicios jurídicos de la institución local que debe aplicarse a su caso, motivaría que se le relegara de encabezar dichos departamentos.
Los representantes de la oposición le instaron a que renunciara a su cargo dentro del grupo de Gobierno, para así evitar el procedimiento contra ella que, casi con toda probabilidad, se iniciará a partir de ahora.
Cabe recordar que el número dos de Ciudadanos al Ayuntamiento capitalino, Juan Ramón Lazcano, titular de Urbanismo por aquel entonces en un pacto PSOE-Cs, renunció en abril, tras el estado de alarma, dando el relevo a Evelyn Alonso, que concurrió a las elecciones en tercer lugar por la formación naranja.
Y pese a los contactos de los que se hizo eco DIARIO DE AVISOS, además de la cronología que, de acuerdo con las fuentes consultadas por esta redacción, manejaban los censurantes, la edil negó en la sesión plenaria en la que tomó posesión que fuera “el momento de hablar de censuras”. Sin embargo, horas más tarde se presentó en una notaría santacrucera para firmar, junto a CC y PP, la censura que acabó derrocando a Patricia Hernández.
Ya previamente su partido le había trasladado que los órganos competentes abogaban por dar “estabilidad” a las instituciones, más en un contexto de pandemia.
Una demanda que verbalizó el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, que el pasado domingo, en declaraciones al DIARIO, reconocía que “estamos tristes con la situación, pero somos intransigentes. Siempre lo hemos dicho: para nosotros el transfuguismo no deja de ser una forma de corrupción, de cambiar lo que los votantes decidieron”.
EN MEDIO DEL CONFINAMIENTO Y BAJO LA SOMBRA DEL CONGRESO COALICIONERO
La operación mediante la que José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, volvió a la Alcaldía santacrucera fue diseñada en medio del confinamiento, tal y como confesaron sus protagonistas. Si bien este hecho suscitó alguna controversia desde la oposición por las circunstancias sanitarias que paralizaron la vida social y económica, lo cierto es que CC había preconizado la vuelta a su antiguo feudo como una baza política de alto calibre, en mitad de la travesía en el desierto de un partido acostumbrado a gobernar desde hacía más de tres décadas.
Ya por aquel entonces, se entreveía que uno de los posibles intereses que los nacionalistas podían tener para apresurar la puesta en marcha de la censura era la inminente organización de su congreso, en el que se elegirá al equipo de personas que liderará el partido los próximos años, y en el que, según fuentes consultadas por este periódico, el senador Fernando Clavijo busca reforzarse presentando los frutos de estrategias como la que se llevó a la práctica en Santa Cruz. Por su parte, Bermúdez se convirtió en la referencia política de su partido en el nuevo marco.
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