tribunales

Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción otros 36 decretos de Clavijo

Son ya 85 las órdenes dictadas por el entonces alcalde lagunero que supusieron el abono de cantidades millonarias pese a los reparos de legalidad interpuestos en distintos controles
Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en una de las múltiples causas en las que se ha visto investigado. DA

Son ya 85 los decretos firmados por el que fuera alcalde de La Laguna y hoy senador autonómico, Fernando Clavijo, denunciados ante la Justicia al dictarse los mismos en nombre del Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados levantando los reparos de legalidad interpuestos por distintos medios de control.

A los 49 ya conocidos por el llamado caso Reparos, que en la actualidad se investigan en una pieza separada del mismo dada la condición de aforado de Clavijo, se suman ahora otros 36 que el concejal lagunero Santiago Pérez presentó en días pasados como parte de una denuncia independiente ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según detalla Pérez, esos 36 decretos se remontan a los años 2011 y 2012 y, según detalla, se aprobaron “desoyendo las expresas advertencias de ilegalidad planteadas por la Intervención en informes suscritos no sólo por el interventor, sino también por el jefe del Servicio de Fiscalización, y por la jefa de la Sección de Control y Fiscalización del Ayuntamiento”.

Sostiene el concejal aludido que “mediante estos decretos se autorizó a dedo a determinadas empresas a continuar gestionando los principales servicios municipales después de vencidos los contratos, o se les concedieron prórrogas ilegales -con efectos retroactivos- de contratos ya extinguidos, o se saltaban los controles de legalidad sobre la falta de justificación de los gastos comprometidos por medio de dichos decretos”.

Reiterado

Como ya ocurre en el caso Reparos (donde en su pieza principal figura como principal imputado el también exalcalde lagunero de Coalición Canaria José Alberto Díaz), la denuncia se acompaña con los informes del interventor municipal, quien afirma en los mismos que “esta Intervención ha informado en reiteradas ocasiones que la adopción de acuerdos de continuidad de la prestación del servicio no puede ser utilizada para eludir la tramitación del correspondiente expediente de contratación tal y como exige la Ley de contratos del Sector Público. Preceptos cuya razón de ser descansan en el respeto a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, pilares básicos de la contratación administrativa, cuya conculcación a través de esta práctica conduce a la prestación del servicio sin ajustarse a la legalidad, al no resultar admisible la prórroga de un contrato ya vencido y al no haber concluido el procedimiento licitatorio que garantice el cumplimiento de dichos principios en la selección del adjudicatario”.Y añade que “con la adopción de estos acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio, podemos entender que se persigue la prórroga de dicho contrato, una prórroga contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a la legislación de contratos…”.

En consecuencia, “estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad del acto” y en todo caso “debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación”.

Fraccionamiento

Otra de las presuntas prácticas ilegales consiste en el “fraccionamiento del objeto del contrato”, recurriendo sucesivamente a realizar contratos menores para prestar servicios o entregar suministros que la Administración necesita con carácter diario, mensual o anual, eludiendo así el procedimiento de licitación legalmente preceptivo.

La Intervención señala, además -sostiene el denunciante-, que no se justifican los precios a abonar a las empresas a las que se han concedido prórrogas o autorizaciones de continuidad, contra lo dispuesto en la Ley de Contratos, por cuanto la “única forma es comprobar que corresponden a las condiciones generales de mercado y, por tanto, lo más ventajoso para la Administración y los intereses públicos es la de tramitar los preceptivos procedimientos de licitación, basado en la libertad de concurrencia y selección de la mejor oferta”.

Según Santiago Pérez, en el ámbito de la gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, “Clavijo consolidó un auténtico sistema de ilegalidad cuyos orígenes en La Laguna se remontan en algunos casos a la etapa inmediatamente anterior a que accediera a la Alcaldía [o sea, a cuando fue alcaldesa Ana Oramas, hoy diputada de Coalición], tal y como desvelan algunos de los Informes de Intervención aportados”.

Resta añadir que el denunciante ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta nueva tanda de decretos ilegales al “considerar que constituyen una conducta de prevaricación más que continuada que, además, ocasionó importantes daños económicos al erario público lagunero”.

Para Pérez, “lo que la experiencia enseña es que en el ámbito de las ilegalidades en la contratación pública está la puerta principal de entrada de la corrupción en las instituciones públicas, y es una de las grandes fuentes de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema democrático”.

TE PUEDE INTERESAR