El 30% de los 108 presos de ETA que han sido trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen delitos de sangre, por lo que en cárceles lejos del País Vasco continúan aún históricos dirigentes de la banda terrorista como Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, que se encuentra en la cárcel de Huelva; Juan Antonio Olarra Gudiri y Ainhoa Mujika, en Granada; o los autores de algunos de los últimos atentados con víctimas, como el de la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, Igor Portu (en Córdoba) y Martín Sarasola (Jaén), según los datos recopiladas por Europa Press.
Desde el primer Gobierno de Sánchez en junio de 2018 se han autorizado 121 traslados que se corresponden a movimientos de 108 etarras –algunos más de una vez–, de los que 33 tienen delitos de sangre, según los datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), muy crítica con estos acercamientos porque en la primera legislatura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les aseguró que serían puntuales.
Los últimos seis etarras fueron trasladados el pasado viernes, entre ellos Jon Igor Solana Matarrán, integrante del ‘comando Andalucía’ que asesinó en el año 2000 al concejal José Martín Carpena en Málaga, al fiscal Luis Portero en Granada y al médico Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla. En torno al 60% de los algo menos de 200 presos de ETA han sido ya movidos de prisión.
Al País Vasco o Navarra se han aprobado 23 traslados, de los que 10 son por progresión al tercer grado y dos por enfermedad; siete han quedado en libertad por cumplimiento de condena. Además, 17 presos de ETA han obtenido el tercer grado, de los que cinco tenían delitos de sangre y seis han alcanzado la libertad condicional.
Uno de los últimos cuyo trasladado ha sido aprobado llevarlo hasta la cárcel de Logroño es José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’. El jefe de los comandos de ETA en los años 90 está condenado por ordenar los asesinatos de Fernando Múgica Herzog o el matrimonio formado por concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, entre otros.
Poco antes fue también autorizado el movimiento desde la cárcel de Valencia a la de Zaragoza de otros dos terroristas condenados por este último atentado en Sevilla, Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea.
En octubre fue el turno de Andoni Otegi Eraso, uno de los terroristas condenados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña. Fue enviado a Logroño desde Almería. La cárcel riojana es una de las que concentra más traslados aprobados por Interior. Fue la elegida en octubre también para Mikel Xabier Ayensa Laborda, condenado en 2003 a 30 años de prisión como responsable del atentado que le costó la vida al político de UPN Tomás Caballero Pastor.
LOS QUE SIGUEN LEJOS DEL PAÍS VASCO
Desde la AVT temen que los acercamientos prosigan –“no los quieren cerca, los quieren libres”, avisa de forma recurrente– y que incluya a terroristas con un perfil especialmente sanguinario que actualmente continúan en las cárceles de Andalucía o Murcia, las más alejadas al País Vasco.
Destaca entre ellos ‘Txapote’, que hace semanas abandonó el módulo de aislamiento en Huelva –donde se encuentra también su compañera de comando Irantzu Gallastegi Sodupe–, aunque sigue clasificado en primer grado, el régimen más duro. Participó en gran parte de las atrocidades del comando Donosti como el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Múgica y los ediles del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.
Tras su detención en 2001, tomaron el relevo del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y su pareja Ainhoa Mujika, ingresados ambos en la actualidad en la cárcel de Granada. En Sevilla II está Gurutz Agirresarobe Pagola, condenado por ser el autor material del asesinato del jefe de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), Joseba Pagazaurtundua, cometido en febrero de 2003.
En Jaén se encuentra Beinat Aginagalde Ugartemendia, condenado por los asesinatos del concejal Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría, en 2008, en la etapa final del terrorismo etarra. Fue compañero de comando de Joanes Larretxea Mendiola –condenado por el segundo de los atentados–, para quien Interior ha aprobado también su traslado desde Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a la cárcel de Asturias.
Igor Portu y Martín Sarasola se encuentran en las prisiones de Córdoba y Jaén, respectivamente, cumpliendo condena por ser los autores del atentado de la T-4 en Madrid de dos años antes, en 2006, matando a dos ciudadanos ecuatorianos.
Entre los históricos exdirigentes de ETA que se encuentran cumpliendo condena en Andalucía están Iñaki Arakama Mendia o José María Dorronsoro, este último en Puerto III, la misma prisión donde cumple condena Iñaki Bilbao Goikoetxea, ‘Txikito’, que hace poco protagonizó una huelga de hambre apoyada por el minoritario grupo de disidentes con la línea oficial agrupados entorno al Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (ATA).
Desvinculado de cualquier colectivo de presos, en Zuera sigue cumpliendo años de su condena Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’, integrante del colectivo Artapalo y jefe de ETA en la etapa más mortífera de la banda terrorista, hasta que fue desarticulado en Bidart en 1992, cayendo José Luis Álvarez Santacristina, ‘Txelis’ –en libertad desde hace años– y José María Arregui Erostarbe, ‘Fiti’.
ACERCAMIENTO DE ‘FITI’ HACE UN AÑO, PRIMERAS CRÍTICAS
Hace ahora un año, fue precisamente con el traslado de ‘Fiti’ cuando por primera vez la AVT mostró abiertamente su discrepancia con los acercamientos autorizados desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018. El etarra de más edad (74 años) fue trasladado de Alicante a la cárcel de Asturias, y en octubre de aquí a la de San Sebastián.
Entendían desde la asociación que Grande-Marlaska había roto su promesa de llevar a cabo acercamientos puntuales de presos sin delitos de sangre y que no tuvieran largas condenas aún por cumplir. El traslado de ‘Fiti’ en diciembre de 2019 lo vincularon a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.
Desde Interior alegan que se limitan a cumplir con la legislación penitenciaria tras la derrota y posterior disolución de ETA, lo que hace prescindible la dispersión de etarras que fue clave en la lucha antiterrorista. Además, sostienen que son las juntas de tratamiento las que promueven estas decisiones, que hasta ahora no han sido en ningún caso revocadas por los tribunales.
La crítica de la AVT, muy molesta con las posiciones sobre EH Bildu del vicepresidente Pablo Iglesias, se ha mantenido durante todo el 2020, acusando al Ejecutivo de incrementar el ritmo de traslados a cárceles más próximas al País Vasco para aprobar unos Presupuestos “manchados de sangre”, algo que esta semana ha negado en el Senado una vez más Grande-Marlaska, al decir que no hay ningún “canje”.
Instituciones Penitenciarias asegura cuando comunica los traslados que los presos, en su mayoría, aceptan la legalidad penitenciaria e incluso han remitido escritos en los que renuncian a la violencia o lamentan el daño causado. La AVT cuestiona este arrepentimiento y pide que lo demuestren colaborando con los más de 300 asesinatos sin resolver.
También protestaron por las decisiones de las autoridades galas de agrupar a muchos de los últimos jefes de ETA en la cárcel de Lannemezan, a unos 300 kilómetros de la frontera con el País Vasco. Allí están Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, y sus sucesivos relevos: Mikel Carrera Sarobe y Aitzol Iriondo.
Pendiente de su posible, en el país galo también aguarda José Antonio Urruticoetxea, ‘Josu Ternera’, el último de los históricos dirigentes detenido por la Guardia Civil tras 17 años prófugo.
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