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Santa Cruz de Tenerife hará autorizaciones ‘express’ para instalar más terrazas en la calle

"Es una medida para tratar de evitar que muchos de ellos tengan que cerrar sus puertas en la peor época del año", afirma José Manuel Bermúdez
Terraza santa cruz desescalada coronavirus SM
Las terrazas de la calle de La Noria ocupan buena parte de la vía, que es de carácter peatonal. FRAN PALLERO

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento hará autorizaciones ‘express’ para la instalación de mesas y sillas en la calle para los establecimientos de hostelería que sólo dispongan de espacio en su interior, puesto que no podrán utilizarlo a partir de este sábado, y siempre que no suponga una afección a la seguridad de vehículos y peatones.

“Es una medida para tratar de evitar que muchos de ellos tengan que cerrar sus puertas en la peor época del año”, comenta.

La decisión se ha tomado en una reunión celebrada esta mañana entre el grupo de Gobierno y técnicos municipales y será trasladado al Gobierno de Canarias, remarcando las “dificultades” de aplicación de alguna de las normas anunciadas en las restricciones de Tenerife, “como las que tienen que ver con las personas no convivientes”, comenta.

A juicio del alcalde, estas medidas “se han tomado sin tener en cuenta la imposibilidad de muchos ayuntamientos de Tenerife para hacerlas cumplir”, por lo que ha pedido que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado “desplieguen más efectivos en la isla para asegurar su cumplimiento”.

Por ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habilitará un sistema “express” para tramitar la autorización de ocupación de vía pública por mesas y sillas, usando para ello si fuera preciso espacios de aparcamientos ubicados en el frente de dichos establecimientos.

El Ayuntamiento se hará cargo de la instalación de barreras de hormigón para garantizar la seguridad de los usuarios de dichas terrazas.

Para ampliar la posibilidad de bares y restaurantes, se estudia ya, junto a los distritos, la posibilidad de cerrar algunas calles al tráfico de manera provisional y mientras duren las medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno de Canarias.

José Manuel Bermúdez, que estuvo acompañado, entre otros, por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, entre otros, ha manifestado que las medidas anunciadas ayer “suponen un golpe muy duro al sector de la hostelería y la restauración”.

Por ello, ha exigido al Cabildo y el Gobierno de Canarias que “articulen de manera urgente subvenciones o bonificaciones fiscales para mitigar las nefastas consecuencias que dichas medidas van a tener en el sector, ya que ambas administraciones han presumido de presupuestos expansivos para 2021”.

GOBIERNO Y CABILDO DEBEN DAR AYUDAS

A este respecto, ha recordado que los ayuntamientos han tenido que diseñar unos “presupuestos reducidos” para el próximo ejercicio, “obligados por la baja generalizada de los ingresos, por lo que deben ser el Cabildo y el Gobierno de Canarias quienes afronten esas compensaciones”.

“A pesar de reducir un 10% nuestro presupuesto, Santa Cruz de Tenerife ya ha tomado determinaciones en ese sentido para 2021, reduciendo en un 50% la tasa de basura para todas las pequeñas y medianas empresas del municipio”, comenta.

Además, el grupo de Gobierno mantiene las restricciones ya implementadas hace unas semanas, respecto a cierre de parques y otros espacios públicos, a partir de las 19.00 horas, y sigue a la espera de la autorización, por parte de la Delegación del Gobierno, de 20 cámaras de videovigilancia como herramienta que permita dar mayor eficacia a la labor de los agentes de la Policía Local desplegados en las calles del municipio.

Asimismo, Bermúdez destaca el esfuerzo de vigilancia y control por parte de los agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil, que han permitido imponer desde el mes de agosto más de 200 sanciones semanales, hasta un total de casi 2.500, vinculadas al no cumplimiento de la normativa dictada por el Gobierno de Canarias.

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