Capitanea una de las áreas claves para posibilitar la recuperación de la economía canaria tras el fuerte embate que ha sufrido como consecuencia de la crisis sanitaria. La práctica totalidad de indicadores positivos, que en 2020 ya se preveían adversos, han caído en picado, y la patronal empresarial no tiene muchas esperanzas de levantar el vuelo a corto plazo, tal como manifestó esta semana la CEOE de Tenerife. De ahí que el sector público, en el transcurso de la pandemia, sea crucial para la creación de un escudo social que prevenga la catástrofe, además de para facilitar a las pymes y autónomos fórmulas de subsistencia, como los planes y moratorias fiscales anunciados por el Ejecutivo autonómico. Román Rodríguez Rodríguez (La Aldea, Gran Canaria, 1956), como vicepresidente regional y titular de los departamentos de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, afronta el reto de lanzar un salvavidas a los isleños desde una perspectiva nacionalista, pero también progresista, y centrada, según dice, en la articulación de políticas anticíclicas, como manera de engrasar la maquinaria público-privada y echarla a funcionar.
– ¿Mantienen las expectativas de “pobreza y miseria” de las que hablaban el año pasado?
“Lo que nos está pasando es consecuencia de la pandemia, de las restricciones sobre la movilidad. Y estamos en un territorio en el que su actividad principal es el turismo, que representa el 35% del PIB y el 40% del empleo, por lo que la economía y el bienestar están mucho más dañadas que en otros lugares. Además, nuestros parámetros de pobreza y de exclusión ya estaban muy por encima de la media nacional; llueve sobre mojado ahora con la dimensión económica y social de esta crisis sanitaria. Y hay un dato muy preocupante: la destrucción de 112.000 empleos en 2020 en Canarias, que junto a la pérdida del PIB, que sobrepasará los 22 puntos, pone en evidencia serias dificultades con la distribución de riqueza, el desempleo y la pobreza. De hecho, en términos de PIB, lo que perdimos el año pasado duplica lo que perdimos en la crisis de 2009 a 2013. Es verdad que en 2013 el paro llegó al 33% y ahora estamos en el 25%, pero hay un elemento que apantalla, que son los ERTE; allí hay unos 80.000 trabajadores que, de no existir esta prestación, harían que se rondara el 32% de desempleo. La crisis es muy severa y no tiene precedentes; en tiempos de paz nunca hubo tanto daño a la economía y al bienestar en el mundo”.
– No obstante, al menos en la teoría, se quiere afrontar de manera distinta a las anteriores.
“En Europa, España y Canarias los presupuestos no dan la espalda a la crisis; no hay recortes, no hay ajustes. No se despide a funcionarios ni se paran obras públicas; hemos contratado a 7.000 trabajadores el año pasado solo en Sanidad y en Educación. En la anterior crisis se pusieron en la calle a 5.000, y en esta ocasión, el presupuesto que aprobamos tiene 1.180 millones para obra pública, con un incremento del 17,5% frente al año anterior, y captaremos, si hacemos las cosas bien, cerca de otros 1.000 millones para obras, infraestructuras y servicios adicionales, de forma que las políticas públicas están siendo anticíclicas: ante la parálisis de la actividad privada, crecimiento del sector público”.
– ¿Cree que se producirá un efecto rebote en la economía cuando se supere la pandemia?
“El daño es severo, con el descenso del PIB, el incremento del desempleo y un evidente deterioro de la estructura productiva. Todo depende de cómo evolucione la pandemia. Es la razón de esta crisis, porque no es un problema de infrafinanciación ni de burbuja; la crisis económica es consecuencia de un problema de salud pública, y dependerá de esta variable la recuperación. Sin acorralar al virus no habrá recuperación de la economía, y de manera especial en las actividades donde la movilidad lo determina todo; con estas incidencias acumuladas no se reanuda el turismo. Ahora, si tuviéramos al 70% de la ciudadanía europea inmune en verano, la confianza se recuperaría rápidamente. Pero la inmunidad solo se conseguirá si la vacunación avanza a un ritmo mucho más intenso que el actual”.
– ¿Cuáles serían los tiempos para la recuperación en caso de que se lograra esa inmunidad?
“Hay un informe del BBVA que apunta que nuestra caída y la de Baleares ha sido mucho más intensa que la media por nuestra dependencia del sector servicios, pero que la recuperación puede llegar más rápido cuando este se reactive. Los cálculos que nosotros hacemos es que si se consigue la inmunidad colectiva, siendo moderadamente optimistas, no recuperaríamos los parámetros de riqueza de 2019 hasta bien entrado 2023 o 2024. De lo que se trata es de que con la inmunidad de grupo este verano se produzca un repunte en el crecimiento, para avanzar en 2022 y en 2023 poder aspirar a niveles de bienestar precrisis. Soy optimista, pero sé que sin esta variable [la de la vacunación masiva] es muy difícil”.
– Ahora parece que, precisamente, ese ritmo ha bajado por los problemas de distribución…
“Si nosotros tuviéramos 2,7 millones de dosis, que son las que necesitamos para inmunizar al 70% de la población canaria de más de 16 años, los servicios de salud de esta comunidad autónoma tienen logística, personal y capacidad para, en 120 días, vacunar a toda la población diana. Pero necesitamos las 2,7 millones de dosis, y esas no están garantizadas todavía. Nuestro reto es pelear para que las farmacéuticas cumplan con Europa, porque está la sospecha de que están desviando lo contratado por la Comisión hacia otros países, y dicen que es porque pagan precios superiores a los pactados. Si esto se convierte en un problema, no descartemos una intervención pública”.
– ¿Qué hay del escenario en el que desaparezcan los ERTE? ¿Y las empresas que han cerrado la persiana para no volverla a abrir?
“Las consecuencias de esta crisis, evidentemente, dañan a las familias, a los trabajadores, a las empresas y al propio sector público. Y el sector público europeo, español y canario está recurriendo a un recurso que creo que es muy acertado en épocas de crisis: el endeudamiento, que permite políticas anticíclicas. No se hizo anteriormente, por eso los recortes, la austeridad, los hombres de negro, los desahucios… que fueron los perfiles de la anterior crisis. De lo que se trata ahora es de hacer uso de instrumentos como los ERTE, que permiten mantener las constantes vitales del sector productivo, o los créditos ICO. Y nosotros vamos más allá: pedimos al Estado ayudas directas. Nos parecen insuficientes, dada la envergadura de la crisis para el sector servicios, que en Canarias lo es todo, las respuestas que el Gobierno de España ha promovido, y frente a esta inacción hemos propuesto las medidas presentadas en los últimos días, de moratorias fiscales para que las empresas continúen, que se puedan presentar a las convocatorias de ayudas y, también, para ganar liquidez. Y en paralelo, ayudas directas destinadas a paliar los costes fijos de este entramado de pequeñas y medianas empresas. Pero no le quepa duda de que se precisa, en el caso del sector servicios, que a lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias se sumen ayuntamientos, cabildos y, sobre todo, el Gobierno de España, para que esa mortalidad empresarial se reduzca. Los datos son claros: de las 600.000 camas turísticas podremos tener cerca del 90% bajo llave”.
-¿En qué punto se encuentra la puesta en práctica de todas las acciones para combatir la crisis?
“Vamos a disponer de los 1.180 millones que tenemos en el presupuesto autonómico en materia de inversión; más de 300 para las ayudas a los sectores económicos, y lo que captaremos de España y de Europa, que superará 1.000 millones adicionales. Esos son recursos para dinamizar, para tirar de la economía, para hacer de palanca. Luego están las medidas concretas de ayuda a los sectores dañados, que son fiscales, para que quien no pueda pagar los impuestos se le dé plazo y lo haga más adelante sin intereses. Y esto lo está haciendo Canarias por encima de la media estatal. También está el nuevo dimensionamiento de los presupuestos europeos, españoles y canarios, para responder a las nuevas necesidades; tenemos dinero para carreteras, para vivienda, va a haber muchos recursos para obras hidráulicas, para la economía circular, para facilitar la digitalización de las empresas privadas, para los planes de infraestructuras turísticas… eso tiene que ayudar en este momento crítico. Y finalmente, los apoyos puntuales, como hemos hecho con las familias más vulnerables”.
– Usted hacía mención a que las Islas padecían unas desigualdades preexistentes. ¿Qué ha hecho este Ejecutivo para revertirlas y crear un escudo social?
“Hay dos asuntos a los que nosotros les hemos dado mucha importancia porque expresan bien nuestro compromiso con los sectores más debilitados de la sociedad canaria: la llamada Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) y las políticas de vivienda. Sobre la Renta ya se está trabajando, porque el departamento le va a dar un enfoque distinto, ya que afortunadamente surgió en España una prestación de estas características: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Teníamos Sanidad, Educación y las pensiones, pero faltaba un instrumento para quien no tiene opción de ingresos de ningún orden. Ya hay, de hecho, 8.000 unidades familiares que están recibiendo esta prestación, y cuando se amplíe a todas las potencialidades que establece la ley, conociendo la estructura demográfica y la situación de pobreza y exclusión, en Canarias puede haber 50.000 beneficiarios. Es decir, que la Renta Canaria estará para complementar a quien quede peor colocado en esta foto, por ejemplo, las pensiones no contributivas o los sectores juveniles, de manera que haya una potente estrategia de protección, nucleada por el IMV y respaldada por la RCC, a los sectores peor situados”.
– ¿Y en cuanto a vivienda?
“Hemos aprobado un plan por unanimidad que contempla 6.000 viviendas en los próximos cinco años, y en este ejercicio las políticas de vivienda tienen 121 millones de euros. Vamos a captar, además, otros 60 millones de fondos europeos, porque la vivienda tiene que volver a ser un derecho. Aquí, en 10 años, no se puso en marcha ni una sola vivienda pública, y sé que la gente que es ahora responsable del Instituto Canario de la Vivienda y de Visocan va a comprar inmuebles para rehabilitarlos y ponerlos en alquiler a un precio justo para los vulnerables”.
– ¿No teme que, a pesar del consenso de las autoridades europeas para afrontar la crisis de otra manera, se dilate su proceso?
“Sin duda. Hay un gran reto para que los fondos, 750.000 millones, que se suman a los presupuestos europeos ordinarios, a los de los Estados, y, en nuestro caso, de las comunidades autónomas y corporaciones locales, puedan gestionarse con una estructura administrativa que tiene que simplificarse, que se tiene que aclarar, que acortar plazos. La anterior década fue de recorte. Aquí se jubilaba la gente y no se le sustituía. Le pongo un ejemplo que depende de la Consejería de Hacienda: la Agencia Tributaria tiene una relación de puestos de trabajo de 740 efectivos, y están ocupadas 430 plazas. Primero, porque nunca se ocuparon las que estaban contempladas, y luego, durante la crisis, las personas que se marchaban no eran sustituidas porque las leyes de austeridad prohibían contratar. Ahora lo que necesitamos es una administración más diligente y mejor dotada de efectivos humanos y de los soportes materiales pertinentes. Piense que la Intervención General va a supervisar, como es el órgano auditor de los fondos europeos, tres o cuatro veces el presupuesto que supervisaba antes, y los efectivos de la Unidad de Auditoría son poquísimos. Tenemos que simplificar procedimientos, acotar plazos y facilitar la contratación de los técnicos. Si no, no seremos capaces de asimilar los recursos que debemos gestionar”.
– La inmigración es otro de los calderos que Canarias tiene en el fuego, aparte de la COVID…
“Sí, si Madrid y la UE no dan respuesta adecuada, responderá la sociedad canaria, porque no podemos aceptar que, por ser región frontera, seamos una cárcel para las personas que han llegado aquí últimamente: 23.000, de las que 12.000-13.000 permanecen y, de ellas, 2.700 son menores. A algunos de los chicos, incluso, aun teniendo pasaporte, no los están dejando salir. Es decir, que el Gobierno de España no está a la altura. Nosotros somos socios del PSOE aquí, en una mayoría progresista, apoyamos la investidura de [Pedro] Sánchez y nuestro escaño es muy importante, especialmente ahora, que se han vuelto a romper las relaciones entre el PSOE y ERC. Pero no podemos admitir esto que se ha instalado en algunas mentes en Madrid y en Bruselas, de que las comunidades fronterizas tenemos que gestionar la inmigración en solitario. A estas personas hay que garantizarles sus derechos, porque si no se tensiona la convivencia, y eso da oportunidad a la xenofobia y al racismo. Y tener a 12.000 personas sin ninguna perspectiva, durmiendo en los barrancos y con Cáritas desbordada… es insostenible. Reconocemos las cosas, que ha estado muy bien la financiación autonómica, que la hemos mantenido al margen del ciclo económico; hubo fondo COVID el año pasado de 16.000 millones, y este tendremos otro. Pero estamos totalmente en contra del Plan Canarias, que yo lo llamo Plan Contra Canarias, porque está basado en los macrocentros de retención de muchachos que nos llegan del continente africano”.
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