La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la “emergencia habitacional” en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que “ataje de una vez la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios”.
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