caso reparos

“Hablar de denuncia política es cláusula de estilo para el investigado por corrupción”

Santiago Pérez se opone al archivo que reclama Fernando Clavijo: el levantamiento de reparos fue “una práctica reiteradísima de 244 decretos para pagar ilegalmente 102 millones de euros”
Fernando Clavijo, tras declarar en una de las causas en la que ha sido imputado, junto a su abogado actual, José Antonio Choclán. Fran Pallero

La representación legal del denunciante del llamado caso Reparos, Santiago Pérez, se ha opuesto, mediante un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, al sobreseimiento de esta causa en lo que respecta al exalcalde de dicha localidad tinerfeña, Fernando Clavijo, solicitada por el abogado del de Coalición Canaria (CC).

Aunque tal oposición al archivo era previsible por parte del denunciante que originó esta causa, su texto llama la atención tanto por los términos que utiliza como por el detallado esfuerzo realizado en rebatir los argumentos de la defensa.

Incluso, el hoy responsable del Urbanismo lagunero concluye su escrito recordando que no era miembro de dicha Corporación local “durante la etapa en que se consolidó esta práctica fraudulenta e institucionalizada”, dato que trae a cuento de las “afirmaciones sobre el carácter político de la denuncia” que se incluyen en la solicitud de sobreseimiento, y que califica como “insidiosas y auténticas cláusulas de estilo de los cargos públicos investigados por corrupción”.

Cada decreto, un mundo

Pero mucho más importante es el fondo del asunto, como son los levantamientos de los reparos, sobre los que la representación legal de Pérez insiste en que, lejos de tratarse de un asunto que pueda tratarse como una unidad de acción (clave en la estrategia de la defensa de Clavijo), todos y cada uno de los decretos constituye una presunta ilegalidad por sí mismo.

En cuanto a la envergadura del caso, las cifras que esgrime el denunciante son elocuentes, tomando como referencia temporal desde 2006 a 2019, que es el periodo sobre el que se tiene información y durante el cual fueron alcaldes Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, todos de Coalición Canaria). Para Santiago Pérez, lo que se investiga en el Caso Reparos es “una práctica reiteradísima, casi hasta el infinito de 244 Decretos dictados en materia de gestión de servicios públicos municipales por parte de empresas privadas (…), comprometiendo y pagando ilegalmente 102.475.305,36 euros de dinero público”.

La luna y el dedo

A semejante número de actos administrativos y cuantía de sus consecuencias económicas lo denomina Santiago Pérez como “la gran luna llena” cuya visión “pretende taparnos con su dedo jurídico la representación de Fernando Clavijo” para archivar el caso.

“Es la realidad de los hechos que se están investigando en las presentes diligencias -sigue el texto que rechaza el sobreseimiento-, nada más y nada menos, que la evidencia de una práctica institucionalizada de infracción de las normas esenciales de la legislación de contratos del sector público, beneficiando a determinadas y casi siempre las mismas empresas y convirtiendo al municipio de La Laguna en una especie de zona franca o zona exenta de la aplicación de esa normativa”.

Para los no iniciados, lo que se investiga en el caso Reparos es la presunta ilegalidad de los decretos que, durante casi tres lustros, se dictaron en el Ayuntamiento de La Laguna para que, sin celebrar un nuevo concurso, empresas privadas siguieran gestionando servicios municipales cuyos contratos habían expirado. Todo ello, pese a las advertencias de presunta ilegalidad (los llamados reparos) interpuestos desde la Intervención Municipal.

Cuando no estaban ni Pérez ni el interventor

Precisamente, otro de los aspectos recogidos en el escrito que rechaza el archivo de esta causa pasa por los términos (“insidiosos”, afea Pérez) que usa la defensa del coalicionero para pedirlo, tales como “interventor en cuestión” o “informes-comodín del denunciante”.

A este respecto, el denunciante aclara que “esta práctica (…) viene de atrás, desde muy atrás, mucho antes de que llegara al Ayuntamiento el actual Interventor -que lo hizo en octubre de 2010 -, al menos desde el año 2006, tal y como demostramos definitivamente con los decretos dictados entre los años 2006-2010 por el propio Clavijo y su antecesora en la alcaldía, Ana Oramas González-Moro, que guardan una absoluta identidad con los ahora investigados (dictados entre 2011-2019), beneficiando prácticamente a las mismas empresas mediante la delimitación de un auténtico mercado protegido, como ha subrayado acertadamente el Ministerio Público”.

Aprovechando esta alusión a la Fiscalía, bueno es recordar que Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación continuada en el caso Reparos, como reflejó en su día a través de un extenso y documentado escrito donde, además, aportó a la investigación otros 36 decretos.

El “I+D+i”

Pero el escrito de Pérez aporta una novedad de interés a la investigación al describir lo que vendrían a ser distintas etapas en la contratación de los servicios municipales laguneros durante el periodo referido.

Siempre según el denunciante, primero fueron “contrataciones verbales” sin control de la Intervención: “Termina el contrato, se conviene verbalmente con la empresa la continuidad de la prestación y se fija el precio”. Se sabría de ellos por las facturas que luego girarían las empresas, dado que estas sí se controlan.

“Más adelante, la práctica se fue enriqueciendo mediante prórrogas con efectos retroactivos de contratos ya vencidos”, continúa el escrito que nos ocupa, y luego llegaron las “autorizaciones de continuidad, dictadas con fecha cierta a menos de que se resolviera con antelación el correspondiente concurso, lo que nunca ocurría”, para al final supuestamente recurrir “a autorizar la continuidad hasta una fecha cierta o hasta que se adjudique el nuevo contrato, circunstancia que podía producirse antes, pero que se producía de facto mucho después”, asegura el denunciante.

Estas dos últimas modalidades contarían con la ventaja de que solo había que levantar reparos por cada una de estas ‘autorizaciones de continuidad’ y, con sorna, Pérez habla de que esta suerte de perfección en el método es “pura I+D+i a la hora de burlar el orden jurídico”.

Argumentar con leyes que no existían

El texto de Santiago Pérez hace hincapié en que muchas de las normas citadas en el afán de exonerar a Clavijo fueron aprobadas a partir de 2011, es decir, después de que empezaran a firmarse este tipo de decretos en el Ayuntamiento de La Laguna, incluso por parte del propio  Fernando Clavijo.

La “necesidad” de mantener el servicio “no purifica todos los actos”

Uno de los argumentos más reiterados para justificar que se ignorasen los trámites legales previstos (concurso, publicidad, etc) para dar continuidad a los contratos de gestión de los servicios municipales laguneros siempre fue la necesidad de evitar la interrupción de dichos servicios.

Aunque dada la reiteración de dicha práctica fundamenta la sospecha de que los contratos se dejaban vencer por quienes luego argumentaban tal emergencia, el escrito de Santiago Pérez que rechaza la solicitud de archivo interpuesta por uno de los principales imputados, Fernando Clavijo, aborda el asunto con términos harto contundentes.

Así, Santiago Pérez recuerda que “la jurisprudencia tiene muy consolidada la doctrina de que el cumplimiento de un deber -artículo 20.7 del Código Penal-, en este caso el de garantizar la continuidad de los servicios municipales en el que se explaya agotadoramente la dirección letrada de Clavijo, no constituye una patente para que bajo su amparo puedan quedar purificados todos los actos de esta interminable práctica ilegal. porque de lo contrario constituye un abuso capaz y bastante para desvalorar la excusa y para llegar a una definición de responsabilidad (Sentencia del Tribunal Supremo dictada el 14-6-56), expresión de una jurisprudencia tan consolidada como antigua), remacha en su escrito el denunciante de este caso.

A los indicios de prevaricación se añaden ahora los de malversación

Hasta ahora, tanto Santiago Pérez como la Fiscalía Anticorrupción solo habían citado expresamente el delito de prevaricación en el caso Reparos, ahora el denunciante habla también de una presunta malversación de caudales públicos.

De cualquier modo, aún queda mucho para que llegue el momento de calificar jurídicamente en este caso.

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