La gestión y administración de la contratación pública en el seno de la Unión Europea, como dispone una Recomendación de la Comisión Europea de 2017 sobre profesionalización, reclama el uso eficiente de los recursos públicos, lo que plantea superar el rígido burocratismo imperante y asumir una visión estratégica en la que se incluyan aspectos sociales, ambientales y, por supuesto, de naturaleza ética. Despues de lo que hemos observado con ocasión de las compras públicas a partir de marzo para reaccionar ante la pandemia, esta consideración es, si cabe, toda vía más actual e importante.
La OCDE, en la Recomendación del Consejo relativa a la contratación pública reconoce que la contratación es un pilar fundamental de la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios, pues se trata de una herramienta o instrumento de política pública que permite orientar los fondos públicos a necesidades reales de la ciudadanía poniendo a disposición de las personas las infraestructuras, los bienes y los servicios más adecuados se mejoren la calidad de vida. Además, como dispone la OCDE, dado el volumen de recursos que se destinan a la contratación pública, si esta se gestiona adecuadamente, de acuerdo con los principios de la buena administración, aumenta la eficiencia y eficacia de mismo sector público, hoy todavía bajo mínimos en muchas latitudes, contribuyendo a devolver la confianza de la ciudadanía en lo público, hoy todavía muy baja. Es evidente que la planeación y la racionalización del gasto en materia de contratación pública supone modernizar los sistemas de compras públicas y, sobre todo, concebir la misma contratación desde un enfoque integral y estratégico, teniendo presente su ciclo completo, en el que hay que tener presente, en el marco de estos procedimientos, aspectos como el presupuestario, la gestión económico-financiera y otros mecanismos de prestación de servicios.
La recomendación de la OCDE parte de una asignación racional y adecuada de los recursos públicos proponiendo que la contratación pública sea una herramienta estratégica. También la OCDE es partidaria de la racionalización del gasto, lo que produce eficiencia en el gasto público: un ahorro solo de un 1% supone 43.000 millones de euros al año en los países de la OCDE. Y, por supuesto, la OCDE plantea eliminar, reducir, los riesgos de la ineficiencia y la corrupción, lamentablemente muy frecuentes en las grandes obras públicas, en las infraestructuras de gran envergadura. La OCDE recuerda que su recomendación recoge el conocimiento, la perspectiva y la voluntad política comunes de los países miembros por transformar la contratación pública en un instrumento estratégico para la buena administración.
Para la profesionalización es necesario, además de la oportuna y necesaria capacitación, la estabilidad en el puesto de trabajo pues, de lo contrario, tal política pública sería hasta ruinosa para las arcas públicas. Una buena administración de la contratación público reclama, es claro, que el personal que labora en este trascendente quehacer administrativo, desde la cabeza rectora hasta los puestos más modestos, esté debidamente profesionalizado.
Esto quiere decir que además de las competencias y aptitudes técnicas necesarias, es menester que estas personas comprendan, y asuman, los valores constitucionales del servicio objetivo al interés general que presiden la contratación pública y la necesidad de ofrecer a la ciudadanía bienes, infraestructuras y servicios de calidad que permitan una real mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Nos jugamos mucho pues a través de la contratación pública se gestionan ingentes recursos económicos, más en tiempos de pandemia.
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