Tiene solo 22 años y ya es madre de un niño de 20 meses y otro de apenas un mes. Se llama Sharaby y desde hace un año, justo cuando comenzó el estado de alarma, okupa un chalé propiedad de Aena, muy cerca del aeropuerto de Los Rodeos. Hoy debería dejarlo por sentencia que le obliga a ello.
“Yo tenía una tienda de ropa, pero con el confinamiento todo se me vino abajo y no pude pagar el alquiler ni el préstamo. Entonces tenía un hijo y me dediqué a buscar una casa del Estado o algo así para meterme de okupa. Unos amigos que tengo en El Portezuelo me dijeron que cerca del aeropuerto había un chalé donde iban a fumar y que llevaba más de 17 años cerrado. Cuando entré esto estaba en ruinas y pensé que no podía meterme sola allí, sin agua y sin luz. Pero decidí dejar mis cosas allí e irme a San Matías con mi madre hasta que terminó el confinamiento y desde entonces no me he movido de aquí, después de gastarme casi 15.000 euros en arreglar las humedades, compra depósitos de agua e arreglar los contadores para tener luz”, añadiendo que ya le han robado dos veces en la casa.
Todo marchaba bien para ella, porque “en la zona hay muchas casas de Aena que llevan más de diez años okupadas” y no temía que fueran a reclamar “la suya”. Sin embargo, hace cinco meses tuvo que acudir a un juicio denunciada por Aena -a través de un chivatazo de un vecino- en la que la acusación le pedía una multa de 4 euros diarios durante seis meses y que abandonara la casa. “Como iba yo a pagar esa multa cuando estoy cobrando 430 euros de la RAI (Renta Activa de Inserción), de mujeres maltratadas, y ese dinero se me iba en el préstamo que pedí para abrir la tienda. Hace dos semanas me vino la sentencia en la que me dicen que en 15 días -se cumple hoy- tengo que dejar la casa de manera voluntaria y pagar 370 euros o de lo contrario me imponen un arresto domiciliario. Y dónde hago el arresto, bajo un puente”.
“Yo les dije -prosigue Sharaby mientras mantiene en brazos a su hijo de 20 meses, y el bebé duerme en la cuna- que no tengo donde ir y una asistenta social me dijo que con los niños no puedo estar en un piso de madres solteras, que ella me veía capaz de buscar un alquiler social. Yo busco alquiler, pero cobrando 430 euros y sin nómina, no me alquila nadie. El único remedio que se me ocurre es irme al Ayuntamiento y montar una caseta de campaña”.
Sharaby, que también vende dulces en cajas para poder vivir -la paga por mujer maltratada se la lleva un préstamo- sale casi todos los días en su coche con los dos pequeños, pero no teme que pueda perder la custodia de los mismos, “siempre miro por ellos, pero también me ayudan mis padres y espero que me den plaza en la guardería municipal de Guamasa”, dijo quien fue maltratada por el padre de sus hijos, que tiene una orden de alejamiento.
Otro desahucio
Un matrimonio canario con dos hijos de 13 y 14 años residentes en La Laguna desde hace cinco años. El propietario de la vivienda donde residen reclama la casa y este martes tienen fecha para el desahucio. Situación de vulnerabilidad social, el Ayuntamiento de La Laguna lo sabe y además se ha informado expresamente a la concejalía de Servicios Sociales, no ofrecen solución; en el juzgado también lo saben, sin solución; el proyecto Base25 de Cáritas lo sabe, tampoco ofrece solución alguna. Por sus ingresos actuales (900 euros) podrían pagar un alquiler pero aún no ha encontrado a alguien que les alquile una vivienda.
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