visiones atlánticas

Agrarios y comerciantes

Las relaciones históricas de Canarias con Madrid y a su exterior nunca han sido pacíficas. Al igual que al interno de las Islas, que han venido reaccionando en competencia y/o conflicto, primando desde islas mayores sus sectores prioritarios. El “pleito insular”, que ejemplificamos entre agrarios y comerciantes. En los dos últimos siglos arrancamos con la Ley de Puertos Francos de 1852, aprobada en el reinado de Isabel II en la presidencia del moderado Juan Bravo Murillo, que liberalizaba la entrada y salida de mercancías de las Islas, consolidando sus libertades comerciales y fiscales, en el tráfico tricontinental y ya entonces, con el impulso de los cultivos de plátano y tomate de exportación con Europa. La Ley de Puertos Francos se actualizó en 1900 y a finales del franquismo en 1972 se aprobó la Ley del REF, Régimen Económico y Fiscal de Canarias, antes de la Constitución de 1978, que se concentra en los aspectos fiscales, olvidando los económicos y con dobles barreras complicadas y onerosas para el libre comercio; línea oficial que mantienen desde entonces los políticos de aquí y de Madrid.


En enero de 1986, España y Portugal se incorporan a la CEE de 12 miembros., gobernando Canarias el PSOE de Jerónimo Saavedra. Sería un nuevo conflicto entre “agrarios y comerciantes”, centrado en origen en la Ley de Aguas 12/1990, que precipitó el cambio en la fórmula de adhesión a la CEE, desde el protocolo 2, a un régimen de integración plena con especificidades, donde lo agrario se incorporaba en la política agraria común de Europa, la PAC.


En 1993, inició Coalición Canaria sus 26 años de gobierno sucesivos con distintas alianzas, hasta que en 2019 fue desplazada por el PSOE. El mapa provincial ofrece en la historia análoga competencia, desde la división provincial única de 1833, en la Regencia de María Cristina; a la separación en dos provincias en 1927, durante la Dictadura de Primo de Rivera. Conflicto que la historia ofrece también en los puertos principales, cuando en 1880 Feliciano Pérez Zamora (1819-1900), consigue que el puerto de Santa Cruz, en competencia con Las Palmas, sea declarado de “interés general”; en el Gobierno de los Conservadores de Cánovas, durante el reinado de Alfonso XII.


Reequilibrios de juego activo entre agrarios y comerciantes, entre derechas e izquierdas, conservadores y liberales, que se trasladan a la inversión pública en redes viarias, puertos e infraestructuras. Reequilibrio del Gobierno de Canarias, con doble capitalidad y universidades, donde Tenerife localiza 5 consejerías agrarias (Agricultura, Administración, Turismo, Territorio y Educación) y Las Palmas, 5 comerciantes (Hacienda, Economía, Obras Públicas, Sanidad y Derechos Sociales). Triple equilibrio con el sistema electoral, con la Presidencia alternativa y la capitalidad compartida. Este peculiar invariante histórico ofrece la respuesta de las administraciones y sus sociedades civiles. Donde con el mismo marco legal Tenerife recibe respuesta agraria y Las Palmas, respuesta comerciante. Con ella los agrarios sacrifican sus infraestructuras, el anillo insular, Puerto de Fonsalía, Puerto de Granadilla, uso del gas, carácter subsidiario del Puerto de Santa Cruz, ante los comerciantes, que hacen una lectura más flexible y aligerada de carga administrativa innecesaria. Con el gobierno de los agrarios en Tenerife, se bloquea el Puerto de Fonsalía, el hotel de La Tejita, los procesos de adjudicación de obra pública, la regasificación energética, las declaraciones de impacto ambiental.


En la sociedad del conocimiento compiten mejor los comerciantes soportados en razones, que los agrarios anclados en las nostalgias del pasado. Mejor mirar al horizonte, que rendirnos a la sombra bajo el almendro.

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