El Diputado del Común pide multiplicar por cinco los valoradores en dependencia

La Diputación del Común alertó de que Canarias necesita quintuplicar el número de trabajadores en el área de dependencia (de los 64 valoradores actuales a unos 320) para solventar que este servicio tarde 927 días en resolver los expedientes, cuando el plazo oficial está establecido en 187, o que aún esté respondiendo a solicitudes del 2015 o el 2016.

Rafael Yanes presentó el informe de la Diputación del Común de 2020 al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Durante un ejercicio marcado por la pandemia se registraron 2.904 quejas, tanto a instancia de parte como por investigación de oficio, lo que ha supuesto un incremento del 11,18% con respecto al año 2019. La institución cerró favorablemente más del 70% de las quejas. Todo ello a pesar de que durante el segundo trimestre hubo una disminución del 4% de las quejas por el confinamiento.

“Por tercera vez vengo al Parlamento de Canarias a presentar un informe anual, y por tercera vez tengo que incidir en el funcionamiento deficiente de la dependencia por el sistemático incumplimiento de los plazos determinados legalmente”, lamentó.

En el 2018, recordó Yanes, ya advirtió de que el tiempo medio para resolver los expedientes de dependencia tardaban 510 días, cuando el plazo se estableció en 180, y pidió entonces un pacto por la dependencia: “No me hicieron caso”. En el 2019, la cifra aumentó a 785 días de media para su resolución, algo que calificó de “inaceptable”, y, tras un nuevo crecimiento durante 2020 hasta los 927 días actuales, evitó calificar la situación. “Canarias necesita multiplicar por cinco su personal de dependencia. Necesita como mínimo 320 valoradores. Y hasta que esto no se produzca, no veremos mejoras en nuestro servicio de dependencia”, subrayó.

Castilla y León, en la que viven unos 2,4 millones de personas (2,2 millones en las Islas), tarda 187 días en resolver los expedientes, lo que supone que Canarias tarda unas cinco veces más. Esta comunidad, de hecho, registra una lista de espera del 0,1% y “aquí es del 24%, ¿por qué?”, se preguntó. Castilla y León dispone de 800 valoradores, mientras que Canarias solo tiene 64: 28 en las islas mayores, tres en La Palma, dos en Lanzarote y Fuerteventura, y uno en La Gomera, lo que supone “una desproporción inexplicable”.

Por su parte, Galicia, con unos 2,7 millones de habitantes, cuenta con 706 valoradores. La Comunidad Valenciana, que se encontraba hace cuatro años en una situación parecida a la de Canarias con respecto al incumplimiento de los plazos de resolución sobre dependencia, desde entonces aumentó de 352 a 1.384 valoradores y, como consecuencia, este 2020 fue la autonomía que más personas introdujo en el Sistema Nacional de Dependencia. “Está clarísimo que si no tienes trabajadores que elaboren expedientes, estos no salen”, denunció.

Además, estos 64 valoradores son temporales y asumen trabajos administrativos, porque también falta personal para estas labores, y todavía están estudiando solicitudes de 2015 o 2016. Yanes entiende que se deberían unir las dos jefaturas de servicio provinciales “con criterios” y trámites diferentes, y opinó que el Servicio Canario de la Salud debería implicarse más. Reflexionó sobre la necesidad de construir más centros de mayores.

Por último, informó del gran aumento, el 419%, en las quejas recibidas por el acceso a Internet, del área de las tecnologías de la información y la comunicación.