El complemento a los trabajadores canarios que hayan estado o permanezcan en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por la pandemia de la COVID-19 desde marzo de 2020 y que, además, no hayan percibido cantidades mensuales superiores al salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 950 euros brutos al mes, recibió ayer luz verde en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Para este suplemento, que se aportará en un pago único y que beneficiará a 51.000 familias, el Ejecutivo regional recurrirá a 30 millones de euros provenientes de los fondos REACT-UE. El portavoz, Julio Pérez, y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, presentaron el acuerdo y destacaron la “apuesta social que representa una medida de ese tipo para los trabajadores por cuenta ajena con menos ingresos y sus familias”. De esos más de 51.000 beneficiarios, unos 13.000 percibirán la cuantía mayor (1.100 euros) por cobrar un máximo de 395,5 euros al mes.
Elevada por Máñez y consensuada con las organizaciones sindicales más representativas, la propuesta contempla que estas subvenciones sean tramitadas de oficio, con lo que no será necesaria la presentación de solicitud ni documentación por parte de las personas beneficiarias. El Servicio Canario de Empleo (SCE) recabará los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, una vez comprobados los requisitos, resolverá la concesión de la ayuda.
La cuantía será mayor cuanto menor sea la prestación contributiva. Se han fijado tres tramos: 1.100 euros (unas 13.000 personas) para prestaciones por debajo de los 395,5 euros mensuales; de 550 para aquellas entre los 395,5 y los 560 euros al mes (unas 20.000 personas), y de 300 euros para las prestaciones superiores a 560 euros mensuales (unos 18.600 beneficiarios). Las de menor cuantía serán las primeras que se vayan abonando. El objetivo de esta medida pasa por “reducir el impacto económico en los trabajadores con prestaciones por desempleo más bajas debido a ERTE y que han visto sus contratos suspendidos temporalmente a causa de la COVID-19, con lo que se contribuye al mantenimiento y protección del empleo, así como los derechos laborales”.
Máñez destacó que de los 84 millones de euros en ayudas de la Administración autonómica para autónomos y pymes, ya se han entregado a través de las Cámaras de Comercio 75 millones a unas 11.000 empresas, en algo más de tres meses, en las dos líneas abiertas.
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