El charco hondo

Sin paraguas

Más allá de la buena o mala estrella de los gobiernos recurrentes, las sucesivas calabazas que los tribunales están dándoles (a unos y otros, incluyendo al del Estado) obedece a la ausencia de un marco legal que regule algo tan estrambótico, inédito e inesperado como una pandemia. Docentes, padres, letrados, fisioterapeutas, subsecretarios, hosteleros o, entre […]

Más allá de la buena o mala estrella de los gobiernos recurrentes, las sucesivas calabazas que los tribunales están dándoles (a unos y otros, incluyendo al del Estado) obedece a la ausencia de un marco legal que regule algo tan estrambótico, inédito e inesperado como una pandemia. Docentes, padres, letrados, fisioterapeutas, subsecretarios, hosteleros o, entre otros, los servicios jurídicos de éste y otros ejecutivos autonómicos, no estaban preparados para algo así —las pandemias no entraron en ningún temario—. Tampoco lo estaban las leyes, de ahí los revolcones que los tribunales dan a los gobiernos que tocan en su puerta pidiéndoles la bendición. En la falta de justificación y proporcionalidad, a la que alude el Supremo para tumbar la limitación de la libertad de circulación que pretendía el Gobierno regional, puede tener algo que ver la insuficiente pericia argumental de los letrados autonómicos, podría ser, pero difícilmente puede exigírseles que justifiquen medidas que el contexto que se pretende regular (con una tasa de incidencia diez veces menor al de casos en los que se ha avalado el toque de queda, y no siendo homogéneas las cifras de los municipios) sitúa en lo injustificable. Con todo, puede que la razón primera y última de las calabazas judiciales deba buscarse en otras pistas. Cuando se les pide que elijan entre restricciones y protección de derechos fundamentales, los magistrados se ponen del lado de las libertades básicas, algo tan previsible como lógico o razonable tratándose de jueces —si fueran neumólogos otro gallo cantaría, pero no es el caso; piensan como jueces, no como médicos—. Los pronunciamientos concluyendo que las medidas no encajan en el marco legal, como pasó con el estado de alarma, tienen bastante que ver con el hecho de que tampoco a los legisladores se les pasó por la cabeza la hipótesis de una pandemia. Mala cosa sería que los jueces cambiaran la toga por la bata, no se les puede reprochar que estén a lo que deben, y lo suyo es limitarse a concluir si las restricciones se ajustan o no a las leyes. Las bienintencionadas medidas del Gobierno canario quedaron sin paraguas, desprotegidas, expuestas a estos varapalos judiciales. El Ejecutivo autonómico lo intenta, que no es poco, pero a estas alturas, ya sin cobertura legal, la responsabilidad individual y la vacuna son las únicas herramientas efectivas que nos quedan para plantar cara al virus. Los catálogos de restricciones o las soluciones policiales consuelan pero no resuelven. Mascarilla, espacios abiertos, aplazar reuniones o celebraciones y echarle paciencia, poco más; y vacunar, porque las vacunas no evitan los contagios pero rebajan la presión asistencial.