Tras la conquista y la colonización europeas, Canarias tardó casi seis siglos en reconocerse como un solo pueblo en marcha y en dotarse de unas instituciones suprainsulares aceptadas sin recelos por los siete principales territorios atlánticos que la conforman. El primer Estatuto de Autonomía de Canarias, fue aprobado mediante Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, siendo reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. Ambas leyes fueron derogadas por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. No ha sido corto ni poco laborioso el trayecto para llegar ¿a dónde?
Por nuestra parte, siempre hemos creído que Canarias es una nación. Desde luego una nación mejor definida geográfica ‒ya François Mitterrand nos dejó dicho que la historia es siempre posterior a la geografía‒ e históricamente que Euskadi, Cataluña y Galicia, para no salir del Estado al que actualmente estamos vinculados, y una nación con mayores derechos para haber disfrutado en 1982 de una autonomía más plena, y también para haber protagonizado, por encima de las comunidades citadas, una independencia del Estado actual y del viejo imperio español, como no tuvo problemas en reconocer y proclamar en su día un economista tan popular como el fallecido José María Gay de Liébana (La Provincia, 17/7/2016), quien no entendía, junto al también economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, que en los últimos años de este siglo XXI Canarias siguiera teniendo la tasa de paro más alta de España, el PIB per cápita por debajo de la media estatal y una caída de su economía, durante las últimas crisis financieras y sanitarias, mucho más severa que el resto de las economías del Estado español.
Nos gusta recordar cómo Canarias fue considerada como nación tanto en el Antiguo Régimen como en el Nuevo Régimen que inaugura la Edad Contemporánea. Como nación la concibió en el siglo XIV el humanista florentino Domenico Silvestri o, con posterioridad, José de Viera y Clavijo en el siglo XVIII, Agustín Millares Torres, en el siglo XIX, que llega a hablar de Canarias como «Estado histórico»; Manuel Ossuna van den Heede a principios del siglo XX, en años próximos al ondear de la primera bandera autonomista en el Ateneo de La Laguna, o el catedrático de la ULL Antonio de Bethencourt Massieu, en el siglo XX. Ninguno de ellos era sospechoso de militancia nacionalista.
Ya me he referido en artículos anteriores a lo que significó la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018. Un Estatuto que venía a encomendar, muchos años más tarde de lo que reclamaba nuestra excepcional posición geoestratégica, unas competencias a nuestras instituciones autonómicas que, aunque muchos celebraron con cierta embriaguez en el citado año de 2018, no hacían sino convertirnos en equivalentes, en algunos casos, no en todos, hay que reconocerlo a la baja, a otros territorios como los ya aludidos Euskadi, Cataluña, Galicia…
El ámbito competencial del Estatuto de Autonomía de 2018 reiteraba muchas de las facultades ya contenidas en el Estatuto renovado por primera vez de 1996 y no hacía mucho caso de las que no habían sido incluidas con anterioridad: Relaciones con entidades religiosas, Protección de datos, Inmigración, Sistema penitenciario y Ordenación y gestión del litoral, según nos relató, desde su neutralidad ideológica y sabiduría, en una conferencia muy didáctica, el catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, Francisco Villar Rojas, dictada en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife el 8 de octubre del mismo 2018.
En cuanto al también celebrado catálogo de “nuevos” derechos y deberes, tampoco esa reforma estatutaria de 2018 parecía aportar nada a lo ya incluido en la anterior normativa estatal y autonómica.
Quedaban fuera de esas competencias las que el Estado sigue reservándose sobre autorización de extracciones en el ámbito marítimo, asunto que hace unos años produjo una crisis aún no olvidada en nuestra Comunidad.
También se daban, según el análisis riguroso del doctor Villar Rojas, competencias que nada aportaban, como las correspondientes a Contratación pública, Transportes, Infraestructuras de transporte de interés general, y otras que quedaban algo escasas, como es Costas, que, a la vista de lo transcurrido hasta aquí, se ha convertido en una transferencia fraude. Y otras simplemente suprimidas: el Deslinde de servidumbres y Comunicaciones electrónicas.
Según las conclusiones a las que llegó Villar Rojas, la reforma del Estatuto “no [era] una revolución”, como algunos invocaron con cierta candidez nacionalista, y en ella quedaban cuestiones pendientes como transportes, infraestructuras y comunicaciones, por no citar otras aspiraciones que se quedaron en el largo camino de tramitación del texto de esta norma institucional básica de nuestra Comunidad.
¿De qué aspiraciones hablamos? Tanto el ya citado Gay de Liébana como Lorenzo Bernaldo de Quirós, dejaron claro, en una cita con empresarios tinerfeños en mayo de 2019, que nuestro REF no gozaba de los atractivos para atraer sin cortapisas capitales e inversiones, como era el caso de territorios como Andorra, y que, al entender de ambos, Canarias lo tiene todo para convertirse en una auténtica plataforma de atracción de inversión y capital extranjero de alta calidad, sobre todo con África al lado.
A pesar de esas advertencias de Gay de Liébana y Bernaldo de Quirós, una de las conclusiones que más interés nos despertó de la Conferencia Política organizada por CC-PNC y celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de octubre de 2014, con el catedrático de Economía Aplicada de la ULL, Urbano Medina, al frente, fue la de que Canarias es, desde el punto de vista económico, autosuficiente. Siempre le hemos solicitado al doctor Medina que pormenorizara y precisara mejor esa apreciación sobre nuestra autosuficiencia y esperamos que lo haga en un futuro. En esa Conferencia se planteó por parte de expertos en la materia que la calidad, la competitividad y la innovación debían ser los ejes de nuestro crecimiento económico. A nuestra economía le hacen falta alas para volar sola y no solo al compás de lo que el profesor Edmund Phelps enumeraba como subvenciones, préstamos, garantías y desgravaciones fiscales para las empresas que monitorizan el crecimiento deseado. ¿Será posible que eso sea así?
A nuestro entender, tal es el reto que tenemos por delante: aprender a caminar solos, y también conseguir que esas empresas que generan riqueza en Canarias, tributen también en Canarias y no en sus sedes sociales alejadas de nuestro territorio.
*Texto sobre la convención
‘Autonomismo o Soberanía’ del
Partido Nacionalista Canario
(25 de septiembre de 2021)
Nos ha dejado dicho el profesor de la Universidad de Stanford especializado en macroeconomía, el francés Éloi Laurent, que la economía se ha convertido hoy en la gramática de la política, y esa observación es muy pertinente para aplicarla a Canarias y a sus anhelos de libertad política, y a su posibilidad para autogobernarse y autolegislarse sin limitaciones paternales del Estado español. Un salto que debiera dar nuestra Comunidad desde el autonomismo encorsetado actual a una soberanía tanto económica como política en el más amplio sentido. Quizá el que ese esfuerzo por Canarias definirse a sí misma y por asumir los riesgos de lo que supone caminar por sus propios medios haya sido frenado siempre por lo que el catedrático de economía aplicada de la Universidad de La Laguna José Ángel Rodríguez Martín ha definido, en una larga entrevista en Diario de Avisos (13/12/2020), como «Eso [que] tiene que ver, en parte, con una forma de negociación presupuestaria con el Gobierno Central que viene imperando desde hace bastantes años. Y que son las derivas del viejo pacto centenario de las élites canarias con la Corona». Según el profesor lagunero de origen palmero, «siempre ha habido pactos implícitos entre los grupos de intereses canarios y Madrid. Y eso, en parte, explica por qué aquí no han surgido significativos grupos independentistas. ¿Por qué, cuando las independencias de Cuba, Puerto Rico o Filipinas no ocurrió lo mismo en Canarias? Pues porque Madrid les daba mucho a esas élites. Les daba sosiego, las defendía, usaba las armas si era preciso para protegerlas, ponía las instituciones a su servicio. Les decía, «Ustedes van a estar al frente de cabildos, el poder municipal, las Cortes, las organizaciones mesocráticas… ¿para qué quieren ser independientes, si les damos corresponsabilidad real de dominio?». En suma: los convertía en guardianes de sus propios temores y cortedades.
Solo de vez en cuando ese pacto implícito entre el Gobierno del Estado y las élites empresariales canarias quiebra y genera roces que tímidamente generan asomos de radicalización desde el Archipiélago. Pasó en la primavera de 1993, durante el gobierno de Jerónimo Saavedra, cuando se negociaban las bases económicas del REF de aquel momento y el ministro Carlos Solchaga dejó desnudo de argumentos y de apoyo al gabinete de Saavedra, lo que dio pie al nacimiento de Coalición Canaria: treinta y un escaños de solo obediencia canaria en el Parlamento Autónomo liderados por voces empresariales como las de Francisco Ucelay Sabina; treinta y un escaños que luego se convertirían en la placenta donde se fraguó una organización política nacionalista que muchos afanes personales se han encargado de debilitar ideológicamente y de fragmentar orgánicamente sin descanso. Como esos mismos afanes personales derribaron las expectativas que transitoriamente alentaron el triunfo electoral en 1979 de una instintiva fuerza nacionalista como la UPC, la Unión del Pueblo Canario, desaparecida como un azucarillo en las aguas revueltas de la siguiente legislatura.
Y, en parte, aquel viejo enfrentamiento entre las élites empresariales y las organizaciones nacionalistas contra el Gobierno Central de 1993 ha surgido tímidamente de nuevo en 2021, cuando la ministra española de Hacienda ha ignorado principios fiscales del REF restando competencias a Canarias como escenario de producciones cinematográficas en beneficio de otras comunidades del Estado.
Por lo que vemos, el salto de un tímido autonomismo a situaciones de mayor soberanía p olítica y económica de Canarias siempre se ha quedado en entredicho, como nos señalaba José Ángel Rodríguez Martín. La duda sobre nuestra autosuficiencia y los temores que desata esa aparente fragilidad estructural en nuestro pueblo y el coyuntural caramelo regalado de los gobiernos centrales españoles a las élites empresariales insulares cuando surgen cíclicas tensiones entre los intereses peninsulares e insulares, han sido las constantes de las relaciones entre Canarias y las Españas imperial de ayer y democrática de hoy.
En esa tensión constante a lo largo de los siglos se ha ido escribiendo la historia de Canarias y su relación subalterna con España: ¿optar por un autonomismo insípido, pero práctico a corto y medio plazo; optar por una soberanía tan valiente como improbable? ¿Quién es capaz de responder?
*Texto sobre la CONVENCIÓN “AUTONOMISMO O SOBERANÍA”, del PARTIDO NACIONALISTA CANARIO (25 DE SEPTIEMBRE DE 2021)
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