Política

Canarias aprueba un complemento de 250 euros para 50.000 beneficiarios de PCI y pensión no contributiva

El ingreso se hará efectivo el próximo 22 de diciembre

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el abono de un complemento de 250 euros para unas 50.000 personas que perciben la Prestación Canaria de Inserción –9.300– y pensiones no contributivas en el archipiélago.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien ha apuntado que el ingreso se hará el próximo 22 de diciembre.

Además, ha comentado que en virtud a este decreto ley se permite que las personas que ya habían agotado la PCI –dos años como máximo– puedan volver a solicitarla y sin que tengan hijos a su cargo.

Además, el decreto-ley contempla el establecimiento de una prestación social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, con el objeto de hacer frente a los gastos directos o indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica.

La medida beneficia a unas 900 personas y se trata de una prestación extraordinaria y de abono único cuya cuantía será la misma de la PCI tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo.

En el mismo decreto ley se incluyen otras medidas específicas para La Palma como la agilización de la acreditación para personas con dependencia y discapacidad con el fin de sigan manteniendo el mismo derecho a la ayuda a domicilio aunque momentáneamente estén alojados en centros sociosanitarios.

Santana ha comentado también que se va a simplificar la solicitud de ayudas al sector platanero, con unos 5.000 afectados, con el fin de que se tramiten a través de las seis cooperativas de productores de la isla y se recalifica el suelo donde se van a construir las viviendas prefabricadas por un máximo de siete años.

Además, se encarga a los ayuntamientos la labor de urbanizar los solares y dotarlos de todos los servicios.