Estos tratados pudieron haber tenido una significativa trascendencia dentro del ámbito político de Canarias que hubiese dispuesto un cambio de rumbo en el devenir de las Islas. El primero fue firmado el 27 de octubre de 1807 por Manuel Godoy, favorito de Carlos IV y Napoleón Bonaparte, consistente en dar paso a las tropas francesas con la idea de la conquista de Portugal y su reparto entre ellos. Pero lo que aconteció más que nada fue el posicionamiento en territorio español de un ejercito de 100.000 hombres, que comenzaron a implantar su domino y fuerza, lo que ya fue el inicio de la guerra de la Independencia. Y el de Bayona, firmado en 1808, en el cual Carlos IV y su hijo Fernando VII, constituyendo una de las páginas más negras y abyectas de la política española-borbónica, ceden la corona española a Napoleón, concediendo el trono a un hermano de este que gobernó con el nombre de José I, a la vez que se dirigen al exilio, uno al palacio de Valancay y el otro, Carlos IV, al de Compiegne, con sus amigos y servidores entre oropeles y boato.
Ante esta situación, aquellos que no estaban por obedecer al francés y sí a su rey, al que más tarde llevaron en procesión como si de un santo se tratara, constituyeron las Juntas Supremas de Defensa, donde la de Canarias, que no estuvo ausente, conformó la suya, que dependía de Sevilla, la que al principio no fue aceptada por los militares que mandaban en Canarias, quedando las islas bajo el control y mando del capitán general, marqués de Casa Cagigal, quien sí había optado por obedecer fielmente a José I, pero un poco más tarde se puso a favor de la Junta Suprema de Canarias.
Sin embargo, entre Gran Canaria y Tenerife existía una discordia de gran calado, sobre todo, por la ubicación de diferentes instituciones motivando que los poderes influyentes de Gran Canaria se apartaran de la situación y les importara un pimiento lo que acontecía en territorio español. Esta discordia originó que ciertos miembros del Cabildo de Gran Canaria urdieran una conspiración para desligarse de España y establecer un gobierno canario con carácter separatista, en parte emulando lo que acontecía en las colonias americanas, que ya habían establecido lograr la independencia, separándose de España. Esta conspiración ya había elaborado un programa de gobierno donde el punto fundamental y destacado era negar toda obediencia al Consejo de Regencia, que sustituyó en 1810 a la Junta Suprema, y no aceptó el nombramiento de Ramón de Carvajal como comandare general de Canarias, considerando que la única autoridad legítima era la del pueblo, por lo que habría que proceder con toda urgencia a nombrar un gobierno independiente y facilitar el acceso a los naturales de Canarias al desempeño de cargos públicos. Esta actitud se tradujo en la formación de un gobierno provisional y se pretendió que fuera apoyado por el Cabildo de Tenerife, el cual se negó, quedando esta idea emancipatoria como un mero brindis al sol.
Con la vuelta de Fernando VII y la derogación de las cortes de Cádiz de 1812 y la persecución de los liberales-afrancesados, que pretendían modernizar España con las ideas de la revolución francesa de 1789, se dispuso no solo que se restituyeran los tribunales inquisitoriales, sino que se deportaran a las Islas a aquellos que estaban en contra del absolutismo real , y no digamos lo que les esperaba a los que pretendían independizarse de España, como Domingo Penichet, que fue el instigador grancanario que, ante el temor de ser ejecutado, se reconvirtió a tiempo para pedir protección al rey de España.
En fin, retazos de la historia que bien pudieron cambiarla.
