“Actualmente se están evaluando tanto las posibles ventajas que conllevaría la unificación de los partidos judiciales referidos, como el posible coste económico, ya que la nueva sede única requeriría nuevas infraestructuras, adaptada a la nueva oficina judicial y con todos los servicios a fin de que pueda prestar un óptimo servicio a la ciudadanía”. Difícilmente podía poner más claro el Ministerio de Justicia que el factor económico es clave para dar el visto bueno a la pretendida fusión entre los partidos judiciales del Puerto de la Cruz y La Orotava por la que abogan las instituciones canarias en su afán de actualizar una estructura judicial que, no lo olvidemos, obedece su razón de ser a criterios propios del siglo XIX, cuando ni las comunicaciones terrestres (no digamos ya las digitales) obligaron a conformar un esquema territorial de la Justicia que hace mucho resultó obsoleto.
Transparencia
La respuesta del Ministerio de Justicia aludida se obtiene gracias a la interpelación que al respecto ha llevado a cabo Intersindical Canarias, interesándose por la marcha de un proceso del que, no en balde, el propio ayuntamiento portuense se ha dirigido al Gobierno de Canarias (que también ha respaldado la fusión públicamente) aprobando una moción en tal sentido y en la que se pide al Ejecutivo autonómico que “comience a trabajar sin demora en procurar una mejora sustancial de la impartición de la justicia en los seis municipios del norte de Tenerife desde La Matanza de Acentejo hasta San Juan de la Rambla” afectados por la medida en cuestión.
Así, para los munícipes del Puerto de la Cruz se trata sobre todo de que los ciudadanos que acuden al amparo judicial puedan tener “seguridad, eficiencia y eficacia en el desarrollo de esta actividad” y, por ello, se pide al Gobierno de Canarias que adquiera terrenos para construir un Palacio de Justicia “moderno, con visión de futuro, adaptado” a los tiempos actuales, que albergue el número de Juzgados necesarios de orden civil y penal, así como un Juzgado exclusivo de violencia de género.
Carencias
Por loable que sea la iniciativa norteña, que también apoya el Ayuntamiento de La Orotava, es necesario recordar que las carencias en sedes judiciales por lo que respecta a la provincia de Santa Cruz de Tenerife es tan acuciante que, pese a que el actual Palacio de Justicia en la capital (que agrupa órganos tan trascendentes como la propia Audiencia Provincial) es de tal calibre que ni siquiera fue inaugurado en su día por la negativa de los sectores implicados en acudir a la misma dada su evidente incapacidad, y que solo más de lustros después se avanza al fin en poner remedio a la dispersión de los juzgados santacruceros con un proyecto que, de cualquier modo, tardará en dotar al fin de una Ciudad de la Justicia suficiente para esta cocapital de Canarias hasta dentro de siete u ocho años, en el mejor de los casos.
Sea como fuere, la propuesta norteña está cargada de sentido común, y los propios municipios no han dudado en colaborar a su buen término ofreciendo incluso terrenos para su futura ubicación.
