Reglamento

La mejor ley de prensa es la que no existe”, solía repetir el periodista Leopoldo Fernández, tantos años vinculado a esta casa y a la agencia Europa Press, cada vez que había ocasión de debatir sobre los límites a la libertad de expresión y otras cuestiones relativas a las dificultades de los periodistas en su ejercicio profesional. Pero entonces no había redes sociales y los usos en cuanto al empleo del lenguaje en medios eran muy distintos a los actuales y no se caracterizaban precisamente por los insultos, descalificaciones, falacias y palabras soeces. Las cosas han cambiado y parece que empeoran, aún cuando haya que echar la culpa al giro o a la costumbre que se ha instaurado a la hora de informar o de meterse en debates y cotejar criterios. Si no va “cargado de bombo” parece que no atrae o interesa menos. Por eso, entre otras causas, habrá que estar atentos a lo que se decida con un futuro Reglamento de Libertad de Medios de Información que promueve la Comisión Europea (CE). La controversia ya está servida. En España, la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a más de 80 cabeceras nacionales y regionales, se ha apresurado a exigir públicamente respeto a la independencia editorial de los medios de comunicación en el espíritu y la letra del citado Reglamento. Y es que las entidades o grupos editoriales pertenecientes a la AMI advierten que algunas de las medidas consignadas en el texto reglamentario “pueden poner en cuestión la libertad de prensa” y califican de “insuficientes” las medidas para protegerles frente a las grandes plataformas digitales. Para esta asociación, la distribución de los contenidos informativos a través de dichas plataformas debe estar mejor protegida, “porque la norma solo obliga a estas compañías a notificar sus decisiones de retirada”. Y pone como ejemplo que informaciones como las que cuentan conflictos bélicos, aunque “no generan likes’ ni emoticonos sonrientes en las redes sociales”, sí “contribuyen de una manera decisiva a la formación de la conciencia y el juicio crítico de los ciudadanos” y los medios deberían poder distribuirlas “con libertad y sin temor a la censura de las plataformas”. Asimismo, los medios asociados en la AMI rechazan que el Reglamento establezca limitaciones que conlleven una injerencia en la propiedad privada ni en el funcionamiento y organización de los medios. Rechazan que “la actuación del editor deba constreñirse a la mera indicación de una línea editorial general, lo que pone en cuestión la libertad de prensa así como la libertad de inversión y de empresa”. El editor, recuerda la nota, “es el único sujeto responsable a nivel moral, jurídico, financiero y político respecto de los contenidos que sus medios publican”. Otro punto conflictivo es el que persigue facilitar la pluralidad de los medios de información dificultando la absorción de medios. A juicio de la asociación, “las operaciones de concentración son un mecanismo de resiliencia cuando el mercado no permite a los diferentes actores mantenerse en solitario”. Y “solo facilitando la concentración de los medios de información se estará asegurando la perdurabilidad de muchos medios de comunicación”. En ese sentido, y para garantizar la sostenibilidad de los medios locales, la AMI señala que usar rankings a la hora de determinar los criterios de distribución de publicidad institucional puede privarles “de unos ingresos que les son necesarios”. Los editores españoles sí comparten otros artículos del proyecto, como la necesidad de proteger a los periodistas frente a toda injerencia. En su nota, la AMI subraya que la competencia sobre política general de prensa y medios de información corresponde, en todo caso, a las autoridades nacionales: “No existe justificación alguna para armonizar la legislación a nivel comunitario, ni mucho menos para poner a la prensa bajo la supervisión de un ‘Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación”. Habrá que aguardar la posición de la Comisión Europea pues lo que se persigue es que este Reglamento de Libertad de Medios “garantice la adecuada sostenibilidad de la prensa y el acceso libre de los ciudadanos a las informaciones producidas por los medios”.