Socialistas y delitos

Se puede ser ignorante, y muchos políticos lo son. Se puede ser sectario, y muchos políticos lo son. Pero un grupo de ignorantes y además sectarios sentados en el Consejo de Ministros es más de lo que una democracia y un Estado de Derecho pueden soportar. No en vano, muchos indicadores nos están mostrando que la calidad de la democracia española y su condición de Estado de Derecho están bajo mínimos. Sin ir más lejos, el Democracy Index 2021, el informe que analiza el nivel democrático de 165 Estados y que elabora la revista británica The Economist, ha rebajado la calificación de España de “democracia plena” a “democracia defectuosa”.
La penúltima ha sido las consecuencias de la entrada en vigor de la llamada ley del solo sí es sí, la estrella de la gestión de Irene Montero, que hasta ahora solo ha servido para rebajar la duración de las penas de los condenados en aplicación del principio constitucional de retroactividad de las leyes penales favorables a los reos. Durante la tramitación de la ley, instancias tanto jurídicas como políticas, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, habían advertido de lo que iba a suceder, pero es sabido que la ignorancia y el sectarismo anidan fuera de la razón. Y aunque ahora se modificase la ley, esas consecuencias ya son inamovibles, en espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
En los Estados comunistas no existe la división de poderes, y los jueces son meros instrumentos al servicio del partido y el Estado. Por eso la vicepresidenta Montero se ha apresurado a insultar y descalificar a los jueces que se han atrevido a aplicar la nueva ley desde el rigor técnico y la imparcialidad. Y los ha calificado de “machistas”, sin reparar en que algunos son mujeres, y que dos tercios de todos los jueces y magistrados de la jurisdicción penal española son también mujeres. Mientras tanto, Yolanda Díaz se encarga de desautorizar a Irene Montero y de enfadar a Pablo Iglesias.
El Gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza, entre otras barbaridades, por el desprecio a la legalidad y por considerar que el Derecho es una molestia susceptible de ser manipulada a voluntad del poder. Y si, para contentar al independentismo catalán, es preciso manipular el Código Penal, se manipula. Así, se ha convertido la sedición en unos desordenes públicos agravados y se está amagando con modificar el delito de malversación de caudales públicos. El argumento es que algunos malversadores no se han lucrado personalmente de la malversación, en particular los dirigentes socialistas andaluces. Se trata de un argumento falaz y ridículo, primero porque esa circunstancia no se puede demostrar, y segundo porque precisamente la forma habitual de malversación es lucrarse a través de familiares, amigos o testaferros, es decir, siempre a través de personas interpuestas.
Un gobernante democrático se liberaría de la dictadura de Podemos y de Oriol Junqueras y Rufián, y pactaría con los populares una abstención que le permitiera convocar las generales del próximo año con un partido socialista libre de tales cargas y coacciones. Pero Pedro Sánchez es un gobernante sanchista, y su agenda de pactos solo contiene a los que le pueden proporcionar otra legislatura en La Moncloa. Lo demás, incluyendo las leyes, no tiene demasiada importancia.