Fallo constitucional

Una de las principales funciones del Tribunal Constitucional es el control de la constitucionalidad de las leyes. Cuando estas son rechazadas no se discuten los aspectos jurídicos que han conducido a esa decisión; se habla entonces de atropello y de injerencia, afirmándose que se produce un atentado a la democracia. La democracia se sentiría directamente amenazada si los órganos judiciales no pudieran ejercer sus competencias libremente y se convirtieran en correas de transmisión de los partidos políticos, y sometidos a su disciplina. Poca democracia sería esta, sin embargo surgen voces manifestando airadamente lo contrario. A fuerza de gritarlo todos los días nos hemos llegado a creer que el único y principal problema del país es lo que llaman el bloqueo del poder judicial, al que los comentaristas que gozan de un mínimo de imparcialidad culpan a los dos bloques políticos por igual. Los jueces advierten de desobediencia, y esto es llover sobre mojado, porque solo basta recordar el caso que le hicieron las instituciones catalanas a las desautorizaciones de los tribunales en los actos del procés que desencadenaron la aplicación del 155. En el fondo, todo forma parte de la misma secuencia, porque los actuales intentos de reforma de los códigos vienen ligados con la modificación de los delitos de sedición y malversación. No voy a caer en el tópico de emparentarlos con la supervivencia del presidente del Gobierno, pero ya no hay nadie en España que crea que esto no es así, a pesar de que Bolaños diga que todos los españoles lo entienden. Aquí el que denuncia se convierte en culpable, sobre todo si el resultado es favorable. Aún se culpa al conflicto catalán del recurso sobre el Estatut que Zapatero prometió aprobar en Madrid. Ahí se encuentra el origen de todos los males. Ahí, y en el empeño de formar un tripartito para contentar a sus amigos del PSC que lo ayudaron a acceder al poder. Leyendo la batería de opiniones que hoy se publican en El País, sobre un auto que estaba cantado, me doy cuenta de la enorme crisis que hace debilitar al sistema. Nunca antes había visto un desacato a las decisiones judiciales solo comparable a las protestas por la destitución del presidente Castillo, en Perú. Mi pregunta es si hemos llegado a esos niveles. Aquí se ha roto la baraja definitivamente y no hay más solución que la de convocar elecciones, porque el conflicto no hará otra cosa que aumentar mientras más se dilate en el tiempo. Por un lado la parte moderada del Ejecutivo recomienda el respeto a las decisiones judiciales a la vez que sus socios mueven a la desobediencia, en el mejor sentido de Ada Colau cuando decía que aceptaría aquellas leyes que le vinieran bien. Esta forma de entender la democracia es la que ha estado sobrevolando desde hace años, hasta que ha estallado en una enorme manifestación de protesta. El origen de todo está en que hay una parte de la sociedad que ha sido incentivada para creer que nuestro proceso democrático está agotado y hay que cambiarlo urgentemente por otro. El debate de hace más de cuarenta años vuelve a estar sobre la mesa: ruptura o evolución. Lo malo es que a quienes intentan impedirlo se les llama golpistas, sean diputados, jueces togados o ciudadanos de a pie. En esas estamos, y los medios de comunicación, con sus editoriales, echan más leña al fuego de la que estarían obligados en el ejercicio de su moderación y su imparcialidad. En España ser moderado ha pasado a ser una sospecha de disidencia de lo políticamente correcto, y así nos va.