Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, la detención ayer del ahora exdiputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes por su implicación en el caso Mediador solo ha tenido lugar a partir de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife recibió desde las Cortes una confirmación oficial de que, como había anunciado, su renuncia al escaño era efectiva. Por consiguiente, renunciaba a los privilegios propios del aforamiento (que ataba de pies y manos a la jurisdicción ordinaria en beneficio del Supremo), evidente reminiscencia arcaica que sigue vigente a nivel estatal, pese a que varias comunidades (empezando por Canarias) ya lo han suprimido en su nivel de competencia.
Lo cierto es que, finalmente, llegó la comunicación en cuestión y, por ello, el citado juzgado capitalino, que lidera la investigación iniciada hace poco más de un año, dictó la orden de arresto de Fuentes y el registro de sus domicilios. Es el colofón de un caso que se originó con una denuncia contra el mediador de la trama -que da nombre a este caso- y que resultó falsa, presentada por el entonces director de Deportes tinerfeño Ángel Pérez.
Todo ello tuvo lugar ayer en el término municipal de Antigua (Fuerteventura), donde cimentó el ahora exdiputado un poder notable dentro del PSOE majorero, a tal punto que, cuando tuvo que dejar su cargo como director general de Ganadería en el Gobierno de Canarias para acceder a su escaño como diputado en el inicio de esta misma legislatura, fue relevado por su propio sobrino, Taishet Fuentes, también implicado en la trama que nos ocupa y al que cesaron en junio de 2022 tras desvelar los empresarios del sector los hechos que permitieron al mismísimo presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, entender que su actuación al frente del departamento se caracterizaba por “la ausencia de gestión, pero también por la falta de actitud”.
Juan Bernardo Fuentes fue detenido ayer, como se ha dicho, mientras sus dependencias eran registradas judicialmente, y su inmediato futuro es que pasará al menos dos noches en un calabozo dado que no estará a disposición del juzgado antes de mañana, ya que hoy es festivo. Conocedores de la investigación en curso no descartan en absoluto que acabe siendo decretada la prisión provisional para Fuentes, dado el papel principal que se le otorga en esta presunta trama de corrupción.
Con el arresto de Fuentes ya son 12 los detenidos por el caso Mediador, por la (hay que insistir en aras de la presunción de inocencia) comisión de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad a través de una red en la que los investigadores sitúan en la cúspide al propio mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte (que colabora con el juzgado), y al ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, con un papel subordinado para su sobrino. Todo ello, arropado por el prestigio del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los arrestados para el que ya se decretó la prisión provisional. El resto son empresarios que, en su inmensa mayoría, declararon sentirse estafados.
Un ‘toque’ de las altas instancias del PSOE forzó la dimisión de Fuentes
Se lo dejaron más que claro durante una conversación telefónica que tuvo lugar en la noche del pasado martes, día en que la investigación liderada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, desembocó en una redada a nivel estatal con la práctica de 11 arrestos y al menos 18 registros en distintos puntos, como las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, además de en provincias como Madrid, Valencia, Sevilla y Huelva.
La llamada al entonces diputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes fue efectuada desde las más altas instancias del PSOE estatal que se puedan imaginar, y fue tan breve como taxativa a la hora de aconsejarle que lo mejor era renunciar al escaño, como finalmente anunció esa misma noche.
En su interrogatorio estará presente el fiscal anticorrupción provincial, Javier Serrano, otra figura clave en un servicio cuyas pesquisas fueron efectuadas principalmente por los especialistas en delitos tecnológicos de la Policía Nacional tinerfeña.
