Por Toni Ferrera.| Maira es venezolana, tiene 40 años y desde 2020 vive en Granadilla de Abona. Lo hace como okupa en un piso sin ventanas y una sola puerta, la que da al exterior, que se inunda cada vez que llueve y donde el suelo es de piedra. Apenas entra luz solar. El techo está lleno de humedades. Los muros que separan las habitaciones fueron levantados por ella y otros familiares. El lugar, en definitiva, estaba abandonado antes de que llegara alguien. Ahora, el banco ha comprado el inmueble y le ha dado a Maira dos años para buscar otro hogar. Y en su búsqueda por encontrar un nuevo domicilio, todo son decepciones.
“No aceptan niños, no aceptan mascotas… Está todo demasiado caro. Y te obligan a tener mínimo dos nóminas, además de pagar un adelanto de tres meses también. Lo más barato que he encontrado son pisos por 600 euros y de una o dos habitaciones. Yo soy ayudante de cocina y cobro 1.200 euros. No puedo destinar la mitad de mi sueldo solo al alquiler”, lamenta Maira.
Los precios en Granadilla son altos, pero lo son mucho más ahora que antes. Entre 2015 y 2020, el valor del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en esta localidad aumentó un 39,6%, según el Índice de precios del Alquiler que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cada año. Ninguna otra localidad de España ha experimentado una subida así.
A la espera de la famosa Ley de Vivienda, anunciada hace más de un año, pero que aún no ha sido aprobada en las Cortes Generales, no hay forma de regular un mercado que continúa expulsando a la población local y obligando a mucha gente a sobrevivir en los márgenes de la pobreza severa. La renta media en Granadilla es de 14.300 euros anuales, una de las más bajas de las Islas. El caso de Maira es uno más de una lista interminable.
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