Diario de Avisos/Agencias.| El coronel de la Guardia Civil José María Tienda, cesado el pasado miércoles como jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por “pérdida de confianza” por su presunta implicación en la investigación que se sigue en un juzgado madrileño por reformas en varios cuarteles (el llamado caso Cuarteles), estuvo al frente del órgano que decidió la adjudicación presuntamente irregular de, al menos, siete obras por un importe conjunto de 44.866,20 euros.
Así consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, aportado al procedimiento que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid y que lleva, al menos, ocho meses paralizado a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en hasta 13 comandancias provinciales de la Benemérita. Tienda asumió la jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife en 2017 hasta que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, decidió el mismo a instancias del general jefe de la Guardia Civil en Canarias y tras ser ratificado por la directora general de la Benemérita, María Gámez.
Las presuntas irregularidades en la Comandancia tinerfeña se produjeron entre diciembre de 2014 y abril de 2019 y afectan a, al menos, 47 obras. Según recoge el documento, en esos cuatro años y medio aparecen contabilizadas en la Aplicación Logístico-Financiera Integral de la Guardia Civil distintas facturas emitidas por las empresas Angrasurcor SL, Solocorcho SL, Canarycork SL e Impermecork SL, así como por un trabajador por cuenta propia, “tramitadas como contrato menor y anticipos de caja fija por la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por importe conjunto de 927.499,74 euros”.
En 2019, el coronel jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil emitió un informe sobre la verificación de la ejecución material de los trabajos que desveló que del total de facturas analizadas relativas a obras en 21 cuarteles -uno en El Hierro, cuatro en La Gomera, cinco en La Palma y 11 en Santa Cruz de Tenerife- se detectaron ocho casos en los que no se había ejecutado alguna de las unidades de obra facturadas. En dicho informe se desglosan siete de las adjudicaciones de obras que están bajo sospecha en acuartelamientos de la provincia tinerfeña fechadas entre 2017 y 2019, años en los que Tienda ya era jefe de la Comandancia.
En concreto, figuran tres en 2017: una en el cuartel de La Victoria, por 1.730 euros; una en el de Puerto de La Cruz, por 811,20 euros; y una en el de Icod de los Vinos, por 2.200 euros. También consta una en 2018 en el acuartelamiento de Los Llanos de Aridane, por 18.290 euros. Estas cuatro aparecen en la lista de “casos en los que no se ha ejecutado algunas de las unidades de obras facturadas”.
A la lista se suman dos casos de “ejecución deficiente”: uno en el cuartel de Los Llanos de Aridane, por 5.720 euros, y otro en el de Valverde de El Hierro, por 13.4546 euros. Las dos facturas son de 2018; la primera, por picado de los petos en toda la cubierta y zonas comunes; la segunda, por pintado con resina blanca en las fachadas exteriores y paramentos interiores de la zona de dependencias oficiales, “no habiéndose aplicado la resina que consta en la factura”. Consta también un caso en el que “se superponen obras”. La factura, de 2.569 euros, es de noviembre de 2018 y responde a una “reparación de mortero y pintura de las perreras del acuartelamiento de La Laguna, coincidente con una obra en ejecución a fecha 14 de marzo de 2019”.
Ajeno
Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó ayer que la “pérdida de confianza” es la razón fundamental del cese de Tienda como jefe de la Comandancia de Ofra, si bien pidió no establecer “nexos” con otras tramas de corrupción. “No establezcamos nexos ni relaciones, que sean las investigaciones las que puedan determinar (las conclusiones). A día de hoy, no hay ningún nexo de esas características, pero esperemos a las investigaciones”, respondió Marlaska a la prensa en Bruselas, al ser preguntado por si teme que el caso pueda empañar la labor de la Guardia Civil o confluir con el conocido como caso Mediador. Cabe recordar que si bien fuentes de la Guardia Civil reconocieron a Efe que el cese se precipitó tras saber que Tienda era citado en el sumario del caso Mediador, lo cierto es que se debe realmente al referido caso Cuarteles.
Bajo sospecha
Además, ayer el gabinete de prensa del TSJC confirmó que la Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel por fraude fiscal al constructor de Lanzarote relacionado con el caso Cuarteles. Así, Ángel Ramón Tejera se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife el próximo abril para responder por un delito contra la Hacienda pública, relativo a los beneficios de la empresa Angrasurcor de 2016 al estar acusado de haber defraudado a Hacienda más de 162.000 euros en 2016, al repercutir en la liquidación del impuesto de sociedades deducciones a las que, supuestamente, no tendría derecho para minorar los beneficios de su empresa y, con ello, la cuota a pagar.
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