Diario de Avisos – Efe | La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alega incompatibilidad con las otras partes que han pedido personarse en el caso Mediador, PSOE, PP, Vox, Fuerza Canaria y la asociación Aguaiuris, para insistir en que se le permita ejercer la acusación popular de forma individualizada.
Tal y como ha venido informando puntualmente este periódico, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó la semana pasada un auto en el que se reafirmó en su decisión de que las seis partes que han pedido personarse en la causa compartan un mismo letrado si quieren participar en el procedimiento.
En el mismo, recogía que tanto el PSOE como la AUGC ya habían anunciado que apelarían ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife si no corregía su criterio de unificar la acusación y ordenó que se diera trámite a sus recursos.
La AUGC esgrime en su escrito de alegaciones que “las cargas procesales previas” impuestas por la jueza para la personación en la causa “impiden el ejercicio efectivo de acceso al proceso como aspecto esencial del derecho fundamental de obtención de tutela judicial efectiva”.
Esas cargas son la acción popular unificada, la formulación de una única querella como trámite previo y la imposición de una fianza única y conjunta por importe de 2.000 euros, y el sentido común no deja de señalar que el juzgado santacrucero intenta evitar un circo mediático que pueda entorpecer el proceso, dado lo inminente de las elecciones y el hecho de que cuatro de los seis solicitantes son formaciones políticas que se presentan a las mismas.
Motivación
Sostiene la AUGC que el último auto de la jueza instructora carece de “la más leve motivación de las razones jurídicas para adoptar tales determinaciones”, así como de una individualización de la aplicación de estas cargas “en función de la muy diferente y diversa naturaleza” de las partes que han pedido personarse.
También dicha decisión judicial abunda en que la imposición de que estas han de concurrir bajo un único letrado “resulta no solo absurdo, sino además limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales pueden elegir libremente cómo y qué medios son los que consideran más idóneos” para acceder al proceso.
