Diario de Avisos/EP.| El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado por finalizada la investigación sobre la presunta estafa cometida por la plataforma de inversión en criptomonedas Arbistar (con sede principal en el Sur de Tenerife) tras haber agotado las diligencias. Ahora decidirá si procede al archivo de la misma o continúa por un procedimiento abreviado, lo que parece lo más probable.
Hasta la fecha, el magistrado indagaba en la supuesta estafa piramidal con criptomonedas que habría dejado más de 100 millones de euros estafados y más de 30.000 perjudicados desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros países, según el juez.
Pese a la finalización de la investigación de la causa, el juez seguirá investigando en la pieza separada que indaga en un presunto delito de blanqueo de capitales al menos hasta octubre de este mismo año. Según las acusaciones, Arbistar comenzó a funcionar en 2019; primero, vendiendo un software que hacía seguimiento del mercado de las criptomonedas para avisar al inversor de cuál era el mejor momento para comprar o vender, siendo el propio usuario quien debía hacer la operación manualmente. Después, ofrecieron un bot al que posteriormente se sumaron sucesivos productos vinculados al mercado de las criptomonedas que anunciaban en vídeos de YouTube y a través de página web.
Las altas rentabilidades que garantizaban propiciaron que los 200 inversores iniciales se multiplicaran, hasta el punto de que el mercado nacional se les quedó pequeño y se dirigieron a inversores extranjeros, sobre todo en América Latina y el mundo árabe, hasta que el evidente sistema piramidal se desplomó por sí mismo y la presunta estafa estalló en otoño de 2020 con las primeras denuncias.
Entre los afectados, detallan las acusaciones, hay personas sin conocimientos informáticos ni financieros que entregaron dinero en efectivo para que Arbistar se lo invirtiera, como detalló en su día este periódico.
La milonga del programa que daba beneficios
El Grupo de Ciberdelincuencia Criminal de la Guardia Civil explicó el pasado mes de febrero al juez que, después de analizar los dispositivos requisados, consideraban que el programa que ofertaban a sus miles de clientes -Community Bot- para realizar operaciones online, en realidad no existía, un dato harto relevante en la investigación.
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