El Tribunal de Cuentas de España ha archivado el procedimiento sobre la compra de los terrenos de Geneto realizada por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife tras avalar el Ministerio Fiscal que la misma “está debidamente justificada, tanto por la forma como por el precio abonado”.
El PSOE y Ciudadanos en el Cabildo de Tenerife habían denunciado dicha operación en octubre de 2020 por la posible comisión de varios delitos por parte de los anteriores mandatarios en virtud del informe realizado por la consejera delegada del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Interventor del Cabildo de Tenerife. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal de Cuentas señalan que la compra se hizo de forma legal, sin menoscabo de los fondos públicos y sin daño patrimonial para la empresa del Cabildo, por lo que han decidido el archivo del procedimiento.
El Tribunal de Cuentas de España ya había concluido favorablemente la fase de instrucción y en su dictamen señalaba que la compra de los terrenos de Geneto por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) se realizó conforme a las condiciones de mercado y que no hubo daño patrimonial para la empresa del Cabildo de Tenerife.
En concreto, la sección de Enjuiciamiento señaló en sus actuaciones que, tras el examen de la documentación, “los hechos valorados no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos, ya que conforme se ha puesto de manifiesto, no cabe interpretar un ilícito contable”.
Ahora, el Ministerio Fiscal comparte la conclusión de la delegada instructora del procedimiento sobre “la ausencia de responsabilidad contable por no existir menoscabo de fondos públicos”. Y ello, en base a considerar que “la adquisición de terrenos está debidamente justificada, tanto por la forma como por el precio abonado”.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas, tras examinar la documentación aportada por las partes, concluye que no se produjo ningún daño patrimonial, validando las tasaciones realizadas para cada finca y determinando que el precio que desembolsó el Parque Tecnológico de Tenerife por ambas fincas fue el adecuado. De esta forma, considera que el Consejo de Administración de la entidad no cometió ningún ilícito contable en dicha actuación realizada en 2012.
