Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria de los jueces a nivel estatal, si bien la de Francisco de Vitoria es la más seguida en la provincia tinerfeña-, llegaron ayer a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda para evitar la huelga indefinida prevista para el próximo lunes y aceptaron la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera. La firma oficial del pacto tendrá lugar a las 13.00 horas del próximo martes.
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para el Democracia, fue el primero en informar a la prensa: “Acabamos de terminar el texto que se va a firmar el próximo martes. Hemos llegado a un acuerdo seis de las siete asociaciones judiciales junto con el Gobierno y los demás representantes”, a la par que apuntó que la Mesa de Retribuciones quedará “abierta” para el futuro.
Tras cinco reuniones, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales cerraron ayer los últimos “flecos” de la negociación y ponen fin al conflicto y a la convocatoria de huelga que cuatro de ellas tenían prevista para el lunes 22 de mayo. La APM se ha desmarcado del pacto al considerar “insuficiente” la propuesta del Ministerio, pero no ha precisado si plantea hacer parón. “Yo estoy en negociación todavía; los demás parece que no, que ya han llegado al término de la negociación”, dijo el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, en declaraciones a la prensa después de que el resto de asociaciones comunicaran su decisión de suscribir el acuerdo. Según ha precisado, “a día de hoy lo que hay sobre la mesa a la asociación mayoritaria no le satisface”.
Funcionarios
Por el contrario, se recrudece el conflicto con los funcionarios de los juzgados, cuyo comité de huelga decidió ayer abandonar la mesa de negociación de servicios mínimos dada la actitud del Ejecutivo: “Un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados”, claman sus portavoces.
Este paro, que ya cumple un mes, está teniendo graves efectos en los tribunales, al punto que la cifra de juicios que han tenido que ser aplazados o suspendidos durante este primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia asciende al medio millón, aproximadamente. A ese número de suspensiones hay que sumar más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas, destacan los huelguistas.
