Tiene mala pinta, pero la decisión no está tomada aún. Las asociaciones de jueces y fiscales partidarias de convocar una huelga indefinida esperarán a la reunión clave que tendrá lugar mañana -nuevamente en el Ministerio de Justicia- para confirmar o desconvocar si el próximo lunes irán a la huelga, en un paro indefinido cuyo inicio estaba previsto para ayer, pero que se retrasó a la espera de una mejora en la oferta del Gobierno de España.
Lo cierto es que dicha nueva oferta, trasladada ayer por parte de los Ministerios de Hacienda y de Justicia, no parece que sea del agrado de los convocantes de dicha huelga, por cuanto en la misma no se ha movido ni un euro de la ya realizada anteriormente para un aumento salarial de jueces y fiscales consistente en una subida individual promedio de 447 euros mensuales brutos.
Esta es la principal conclusión de la nueva reunión de la mesa de retribuciones celebrada ayer durante poco más de dos horas entre representantes de esos ministerios y de las asociaciones judiciales y fiscales, tal y como informa María Peral (El Español/Diario de Avisos). Los demás aspectos pendientes -en esencia, la negociación de otros conceptos retributivos como las variables, guardias y trienios- se posponen a ulteriores conversaciones sin calendario y en todo caso se condicionan a la implementación de los futuros tribunales de instancia.
Así, los portavoces de ambos ministerios entregaron ayer un documento de cinco folios en el que señalan que el aumento del complemento de destino se cobrará el 40% de su cantidad con carácter retroactivo al 1 de enero de este año; otro 40% tendrá efectos económicos el 1 de enero de 2024, y el 20% restante, el 1 de julio de 2024.
Según el Gobierno, el crecimiento medio ofertado representa un 7%, “que se suma al recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de 19 de octubre e 2022, que supone, a su vez, un aumento de las retribuciones para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 del 8%, susceptible de alcanzar, en determinadas condiciones, el 9,5%”.
El resto de las mejoras retributivas -y esto es una clave fundamental en el conflicto- se vinculan a la puesta en funcionamiento de la Ley de Eficiencia Organizativa, actualmente en tramitación parlamentaria, en la que “la figura del futuro presidente o presidenta del tribunal de instancia debe estar legalmente dotada de suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de organización”, indica el documento que Justicia y Hacienda entregaron ayer, con la idea de que sea la base del acuerdo con las asociaciones.
Respecto a los fiscales, “ciertas cuestiones han de ser abordadas a la mayor celeridad, como son la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las Fiscalías Superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión en los anexos de la Ley 15/2003 [reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal] de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área”.
Mientras tanto, otra tormenta más se avecina en los juzgados de toda España, dado que los funcionarios de la Administración de Justicia se manifestarán hoy frente al Ministerio que dirige Pilar Llop para “endurecer” su postura, toda vez que su comité de huelga permanece a la espera de un paro indefinido.
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