El relato oficial dice que la sociedad y la democracia española vencieron al terrorismo etarra y le obligaron a desaparecer. Pero eso no es verdad desgraciadamente. Los etarras dejaron de asesinar hace 12 años y afirmaron haberse disuelto cinco años más tarde porque las circunstancias habían cambiado y les resultaba más útil apoderarse de las instituciones y controlarlas desde dentro. Habían conseguido establecer el clima de terror que querían, y que ya no necesitaban, y habían forzado la huida del País Vasco de una multitud de amenazados, en una auténtica operación de limpieza ideológica, cuyos resultados persisten todavía. Jamás han pedido perdón a las víctimas y a los españoles; jamás han protagonizado ningún acto de reparación y arrepentimiento; y quedan más de trescientos asesinatos sin resolver que se niegan a aclarar. Al contrario, siguen justificando la violencia de aquellos años; se manifiestan desafiando a sus oponentes siempre que tienen ocasión; y siguen contando con el beneplácito y la comprensión encubierta de los nacionalistas vascos. Nunca se ha producido un acto formal de disolución, y el mismo hecho de esa disolución solo cuenta con el aval de su palabra. Porque continúan acaparando el protagonismo de la escena política vasca hasta pactar con ese aventurero de la política que es Pedro Sánchez.
Las nuevas circunstancias le aconsejaron sustituir su aparato armado por un brazo político, que ha ido cambiando con el tiempo hasta desembocar en la actual formación EH Bildu. Y la prueba de la corrección de nuestro análisis es su penúltimo desafío a la democracia: la presentación por parte de Bildu para las próximas elecciones de la candidatura de 44 condenados por terrorismo, entre ellos siete por asesinado. Una burla cruel para las víctimas y un órdago para Sánchez, cuyos ruegos solo han conseguido que los siete condenados por asesinato aseguren que renunciarán al acta si son elegidos. La presidenta madrileña tiene razón cuando señala que las bases sociales y políticas de Bildu son las mismas que sostuvieron el terrorismo etarra durante tantos y tantos años. Pero se equivoca cuando coincide con Vox en solicitar su ilegalización, algo que ya la Rosa Díez de UPyD había reclamado.
Al margen del debate jurídico de si legalmente es posible o no esa ilegalización, lo cierto es que obligarlos a regresar a la clandestinidad y abandonar las instituciones sería nefasto para la democracia española, y nos llevaría a un pasado de infausta memoria que no debemos propiciar. Supongo que eso es lo que temen las víctimas que han criticado con dureza a Díaz Ayuso. Por desgracia, a los demócratas nos conviene que esas bases sociales y políticas estén en las instituciones y compitan electoralmente, aunque nuestras emociones nos pidan otra cosa. Ahora bien, estamos en plena campaña electoral de unas elecciones autonómicas y locales, con unas elecciones generales en un próximo futuro, y al Partido Popular le conviene que Díaz Ayuso aproveche este debate para tender puentes con un partido como Vox, al que van a necesitar en muchos escenarios. La presidenta madrileña refuerza así a un Núñez Feijóo cada vez más débil, y que corre un serio peligro de descubrir que lo que vale para Galicia no siempre vale para el conjunto de España.
