La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que se le imponga a una mujer una pena de 9 años de prisión y el pago de 300.000 euros a un hombre que fue su pareja y al que transmitió el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
La relación se inició al menos desde el mes de junio de 2018 pero desde 2014 la acusada ya sabía que estaba diagnosticada con VIH.
Pero, a pesar de tener perfecto conocimiento de ello y del grave riesgo de contagio, mantuvo relaciones sexuales a lo largo de ese año sin informar a su novio y sin tomar las medidas de protección adecuadas, según la acusación pública.
El hombre resultó contagiado, de lo que tuvo conocimiento el 16 de diciembre de 2019, momento a partir del cual precisa de un tratamiento médico a lo largo de toda su vida para sobrevivir.
Además, está obligado a tomar las medidas de cuidado necesarias para no contagiar la enfermedad a terceros, circunstancias todas ellas que afectan notablemente a su calidad de vida desde entonces.
El hombre optó por denunciar los hechos ante la policía nacional a finales de 2019 y ahora el Ministerio Público ha considerado que se trata de un supuesto delito de lesiones.
La Fiscalía pide que, una vez que la acusada cumpla la posible pena de privación de libertad, se le prohíba acercarse a menos de 100 metros del perjudicado durante diez años y medio, así como comunicarse a través de cualquier medio con él.
De los 300.000 euros que reclama como indemnización la acusación pública, 150.000 se corresponden al tratamiento que deberá afrontar el infectado a lo largo de su vida y la cantidad restante servirá para compensar los sufrimientos morales causados, más el interés legal que sea fijado según la legislación.
El juicio tendrá lugar la próxima semana en la sede de la Audiencia Provincial de Tenerife y al mismo están llamados a declarar varios médicos forenses que han examinado a la mujer y del Servicio Canario de Salud (SCS) que informarán sobre la evolución de enfermedad.
En su momento se abrió la correspondiente pieza de responsabilidad civil con el fin de que la acusada prestase su fianza para hacer frente a la posible indemnización.