No será necesario repetir las elecciones porque, salvo al Partido Popular, a ninguno de los actores le interesa jugarse unos resultados tan favorables. Han sorprendido a los populares, su torpe campaña electoral y su más torpe candidato, y los socialcomunistas, independentistas y demás se encuentran en el mejor escenario potencial, un escenario que, a tenor de las encuestas, nunca creyeron posible. Dados los estrechos márgenes de los resultados, aunque la mayoría de los electores repitieran su voto, bastaría, por ejemplo, un voto útil en contra de Vox, uno de los culpables de lo sucedido, o de Sumar, para alterar la precaria balanza de los escaños. Exigirán unas contrapartidas en la línea de lo que ya les ha concedido Pedro Sánchez, y en cuanto a cambios legales, beneficios penitenciarios y dinero no habrá problema alguno. El presidente en funciones ha demostrado ser un auténtico maestro en comprar voluntades electorales y añadir partidarios a su causa.
En el caso particular de Junts per Catalunya tendrá que poner en juego todo su repertorio de malabarista de la política y encantador de serpientes parlamentarias. Puigdemont es un exiliado con causas pendientes en la Justicia española, que exige la celebración de un referéndum de autodeterminación y la amnistía, sin encaje constitucional alguno. Y, además, no va a regresar a España ni mucho menos está dispuesto a ingresar en prisión, aunque fuera por poco tiempo. El indulto presupone un delito juzgado y condenado, y consiste en eximir del cumplimiento total o parcial de la pena, que fue el itinerario seguido por los independentistas catalanes juzgados el España. La amnistía, por el contrario, exime de toda responsabilidad por la comisión de unos hechos que se declaran no punibles, perdonados o justificados, y no está regulada ni en la Constitución ni en ningún otro texto legal. Aquí tendrá Pedro Sánchez que utilizar toda su bien acreditada magia para modificar la legislación penal mientras intenta convencernos de que no la modifica, sigue directrices europeas o cualquier otra falsedad semejante. Y contará con la inestimable ayuda de Conde Pumpido, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional, que controla políticamente.
La Constitución establece tres modalidades de referéndum: el referéndum de la reforma constitucional; el referéndum de aprobación o reforma de los Estatutos de Autonomía que lo requieran; y el referéndum consultivo del artículo 92, por el que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Es decir, el referéndum es meramente consultivo, no vinculante de los poderes públicos, y el derecho de sufragio activo pertenece a la totalidad de los ciudadanos, no a una parte de ellos. Este referéndum ha de ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
Ninguna de estas modalidades de referéndum permite convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, por supuesto, pero no olvidemos la figura de las consultas populares municipales, que la Constitución no regula y que establece el artículo 71 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local. Seguro que Pedro Sánchez -y Puigdemont- no la olvidan.
