Aunque ha obtenido el mayor número de votos, Núñez Feijóo no tiene ninguna posibilidad de ganar una investidura, y el Rey tendrá que valorar esa circunstancia antes de proponerlo. Y no tiene ninguna posibilidad porque su cercanía a Vox produce un absoluto rechazo invencible en sus posibles aliados, como el Partido Nacionalista Vasco, la primera fuerza política a la que intentó contactar, y hasta Coalición Canaria. Por el contrario, desde su inferioridad en votos, Pedro Sánchez tiene a su disposición para pactar a toda la panoplia de fuerzas nacionalistas e independentistas, además de los criptocomunistas de Yolanda Díaz y los marginados de Podemos. Todos exigirán unas contrapartidas en la línea de lo que ya les ha concedido, pero todos saben que en cuanto a cambios legales, beneficios penitenciarios y dinero no habrá problema alguno. Ya se habla de la quita de la deuda catalana, una condonación que equivaldría a la mitad del gasto anual en pensiones, y de la excarcelación de condenados etarras. El presidente en funciones ha demostrado ser un auténtico maestro en comprar voluntades electorales y añadir partidarios a su causa.
En el caso particular de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya tendrá que poner en juego todo su repertorio de malabarista de la política y encantador de serpientes parlamentarias. Puigdemont es un exiliado con causas pendientes en la Justicia española, y los catalanistas exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación y la amnistía, exigencias sin encaje constitucional alguno. Pero es una posición de partida y de máximos, que se irá modulando con el tiempo. Seguro que a Pedro Sánchez se le ocurrirán sucedáneos y trampantojos de ambas cosas que permitan a los negociadores salvar las apariencias y vender éxitos y avances a sus bases. Aquí tendrá Pedro Sánchez que utilizar toda su bien acreditada magia para modificar la legislación penal mientras intenta convencernos de que no la modifica, sigue directrices europeas o cualquier otra falsedad semejante.
En esta línea, y como ejemplo de lo que puede hacer, no olvidemos la figura de las consultas populares municipales, que la Constitución no regula y que establece el artículo 71 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local: “Los alcaldes, previo acuerdo con la mayoría del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”. La consulta se realizará de conformidad con la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas, y no versará sobre la Hacienda local, pero Pedro Sánchez podría convertirla en una especie de referéndum consultivo municipal sobre una pregunta evanescente y de contenido más que interpretable.
Los temas más comunes de las consultas para las que se ha solicitado autorización del Gobierno son: cambiar el nombre del municipio; constitución o segregación de localidades; ejecución de planes urbanísticos; elaboración de presupuestos participativos; ubicación de edificios e instalaciones municipales; cambio de fecha o lugar de celebración de festejos populares y celebración o prohibición de festejos taurinos. Sin embargo, el presidente en funciones encontrará temas más útiles para sus fines.