El poder público, en el tiempo en que vivimos, destinado a la mejora de las condiciones de vida de las personas, a la realización plena de los derechos humanos, se desnaturaliza en pro de versiones unilaterales, arbitrarias, propias de otros tiempos, que, si bien se critican con denuedo, se siguen a pies juntillas sus más ortodoxos sistemas de manipulación y control.
En un contexto en el que se ansía la absolutidad del poder encontramos un sinfín de expresiones de maniqueísmo, de cainismo, de discriminación o de laminación, hasta persecución. Pues bien, el poder en una acepción clásica, plenamente actual y vigente es, ni más ni menos, que el medio que tiene el Estado, las instituciones públicas, para hacer presente el bien de todos.
Por tanto, en sí mismo, el poder público tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo, libre y solidario, del ser humano. Es decir, el poder público, también el normativo, por supuesto, se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre. Es más, el poder público se legitima en la medida en que su ejercicio se orienta hacia este objetivo.
El fundamento jurídico del poder público reside en la constitución natural del orden colectivo necesario para el cumplimiento de las funciones sociales fundamentales. El poder público en su sentido más propio está vinculado esencialmente al bien de todos, al bien común, por lo que, si se usa en beneficio propio o de grupos determinados, se hace una utilización ilegítima. Las potestades públicas, lo sabemos bien los administrativistas, se justifican en cuanto que sirven objetivamente al interés general.
El poder público debe garantizar el orden fundamental de la sociedad en orden a la realización de todos los fines de la existencia humana. Es también un poder autónomo dentro de sus funciones, pero sin que esa autonomía sea absoluta pues, se encuentra vinculado al orden jurídico fundamental de la comunidad establecido fundamentalmente en el Estado de Derecho.
Hoy, en España, en el mundo, ¿es el poder público ese magnífico medio para el bien común, o se ha convertido en un instrumento de dominación, de división, de enfrentamiento y confrontación?