El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa sus pronósticos para las pensiones para los próximos años, unas previsiones que incluyen subidas concretas en las prestaciones no contributivas, que deberán estar en, como mínimo, los 8.236 euros al año en 2027. Se trata de unas alzas que tendrán impacto directo en el ingreso mínimo vital (IMV), que registrará incrementos equivalentes cada año.
El IMV es una prestación no contributiva y su cuantía está directamente relacionada con las pensiones más bajas. El Ejecutivo planea elevar esta prestación el 21,3% para 2027, hasta ponerse en los 8.236 euros al año. Esta cantidad es la que le correspondería a una unidad de convivencia (hogar) formada por un beneficiario individual sin discapacidades. Dependiendo de la casuística, la cantidad puede aumentar (o disminuir, si el beneficiario tiene otro tipo de rentas). Por ejemplo, si la unidad de convivencia está formada por un adulto y un menor o dos adultos, el IMV se elevará a los 10.706 euros anuales.
Con todo, la evolución para llegar hasta esa cantidad va a ser progresiva, con alzas previstas para todos los años. La primera será la de 2024. Para el próximo año se pretende que el IMV (y el resto de las prestaciones no contributivas) suba el 6,7%, hasta ponerse en los 7.244 euros anuales. Para 2025, la subida sería del 5,2%, hasta los 7.626 euros anuales. Ya en 2026, el incremento se va a atenuar bastante más y será del 3,9%, para dejar el IMV anual en 7.925 euros. Finalmente, el aumento será del 3,9% en 2027.
Lo que se pretende con estas subidas es reducir el umbral de pobreza a través de las prestaciones no contributivas. El IMV acumula más de dos millones de beneficiarios o unidades de convivencia desde su puesta en marcha, en 2020. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no informa de cuántas personas reciben esta prestación de forma activa.
Con datos hasta finales de septiembre, los receptores del ingreso mínimo habían superado por primera vez los dos millones y la prestación llegó a 690.214 hogares (159.786 menos de lo calculado inicialmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones). De media, en España el 4% de la población ha accedido en alguna ocasión al ingreso mínimo. En Canarias existe desde abril de 2023 la renta de ciudadanía, cuya cifra de destinatarios creció hasta los 12.645 en agosto con una partida de casi ocho millones de euros.
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