Estampas españolas

Algunos cínicos modernos -y algún clásico- afirman que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Y en las democracias más, habría que añadir, porque a esos gobernantes, además, los elegimos. Y los elegimos en cuanto se nos presentan encuadrados en partidos que son rígidas dictaduras, en las que los discrepantes son obligados a dimitir o a darse de baja -o son purgados directamente-, y en los cuales sus miembros tratan de alcanzar un cargo, a ser posible generosamente remunerado. Para ello repiten unos manidos argumentarios y unas consignas de guardarropía, según los cuales todo lo que hace o dice el propio partido es bueno y todo lo que hacen o dicen los demás es malo, a no ser que pactemos con ellos.

Es un sistema que propicia la mediocridad y la carencia de iniciativas, hasta el punto de que los que destacan o se significan son mirados con recelo. Pues bien, precisamente la general mediocridad de nuestros políticos, con honrosas excepciones, es una parte muy importante del problema porque implica graves carencias y disfuncionalidades en la gestión que es responsabilidad de esa clase política. Y eso sin contar los frecuentes casos de corrupciones, prevaricaciones y demás asaltos a nuestros derechos que los ciudadanos soportamos en el día a día con los poderes públicos. Los políticos y los partidos solo se muestran interesados en lo que supuestamente les da votos -y presencia en los medios-, conjuntamente con prebendas y privilegios varios, y todo lo demás queda relegado al olvido y la desatención. Recientemente en la ciudad de Murcia se ha producido un hecho lamentable que ilustra trágicamente lo que estamos denunciando sobre el comportamiento de nuestros políticos.

En la zona de ocio nocturno de Las Atalayas se declaró un incendio en unas discotecas, un incendio que produjo 13 fallecidos y 24 heridos. Esas discotecas carecían de licencia y tenían una orden de cese de actividad desde enero de 2022, pese a lo cual seguían abiertas como era público y notorio. Incluso, una de ellas había superado una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de 2023; el mismo Ayuntamiento que ha anunciado que se personará como acusación, pese a su evidente negligencia en no inspeccionar y no ejecutar el cierre de esos locales, unos locales que, como lo sucedido ha demostrado, no reunían las condiciones de seguridad necesarias para estar abiertos al público. Las reacciones a estos hechos ilustran el típico comportamiento de nuestros gobernantes ante sucesos similares. En primer lugar, el Ayuntamiento anuncia que ha apartado a los funcionarios que intervinieron en el expediente de las discotecas, es decir, los políticos eluden su responsabilidad y se escudan en los funcionarios. Habría que preguntar, además, si “apartar” significa suspender de empleo y sueldo, y si se ha dado audiencia a los interesados, como obliga la ley en estos casos.

Por otra parte, el Ayuntamiento murciano, y muchos otros Ayuntamientos, incluso de otras provincias, han iniciado una frenética campaña de inspecciones -ahora sí-, cuyo resultado está siendo el cierre y precintado de multitud de locales. Nuestros políticos nunca nos defraudan porque son muy previsibles. Si actuaran de otra manera dejarían de ser políticos españoles. Son las clásicas estampas españolas.