La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife también lo tiene claro: si PP, Vox y PSOE quieren personarse como acusación popular en el llamado caso Mediador tendrán que ponerse de acuerdo para nombrar a un único abogado que los represente, medida que también incluye a la Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Aguaiuris. Respecto al sexto solicitante, un partido político de aronero, ya no figura en el proceso.
Esta medida, que sin duda tendrá unos efectos notables de economía procesal al simplificarlo notablemente, se argumenta en términos prácticamente idénticos a los que adelantó en su día en DIARIO DE AVISOS el penalista tinerfeño Pedro Revilla, y que en la práctica suponen toda una prueba de coherencia para los implicados, quienes ahora tendrán que demostrar en la práctica si persiguen con su personación trabajar en pro de la Justicia u obtener réditos en su propio interés convirtiendo el proceso en un circo mediático. Cabe recordar que Revilla representa en la instrucción en curso al investigado Taishet Fuentes.
En cuanto a los referidos argumentos jurídicos sobre los que se asienta tanto ahora la Audiencia Provincial como antes la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife son recogidos en un Auto dictado con fecha del pasado día 3 y en el mismo se explica, con carácter general, que la Sala “no desconoce la diferencia ideológica que pudieran tener las diferentes organizaciones agrupadas, pero su objetivo no puede ser distinto del requerido con carácter general a quienes tomen parte como acusación en un procedimiento, la búsqueda de la verdad y la acción de la justicia”.
Pero yendo más allá y centrándose en el recurso que le ocupa, que en este caso ha sido el del PSOE, argumenta la Audiencia que “la entidad apelante interesó su personación en la causa a través de un escrito de fecha 3 de febrero de 2023 (…) donde solicitó su acceso al procedimiento como acusación popular sin que conste que haya formulado un relato de hechos diferente al que ya está siendo objeto de investigación, ni una calificación jurídica diversa, ni tampoco parece que pretenda dirigirse contra otras personas distintas de quienes ya tienen la condiciones de investigados. Tampoco parece que así lo hayan hecho las otras organizaciones que se incluirían en la acción popular unificada, lo que permitiría que actuaran para la misma dirección letrada y representación procesal”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas