La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, pidió ayer a todas las fuerzas políticas, el Gobierno, las familias, expertos y técnicos en la materia que “nos sentemos para actualizar la Ley de Atención Integral a los Menores” en el Día Mundial de la Infancia.
Pérez señaló en las I Jornadas Canarias de la Infancia que la normativa “ha cumplido ya 26 años sin cambios ni adaptaciones”. “Tenemos la obligación de proceder a una modificación integral para evitar que se sigan produciendo situaciones familiares desgarradoras”, indicó. Además, recordó que “el sistema de acogimiento familiar y los procedimientos de adopción son dos cuestiones que requieren de una profunda reflexión” y debe adaptarse a “numerosa legislación nacional”.
La presidenta recordó los intentos de actualización y adaptación en pasadas legislaturas, incluso con un borrador de texto legal; por tanto, “debemos recoger ese guante”. “Hay que implicarse, seriamente y de manera pasional, en este objetivo prioritario. Tenemos casi cuatro años por delante”, dijo.
En la primera mesa coloquio, Antonio Guijarro, director de la Unidad de Infancia y Familia del IASS del Cabildo de Tenerife, y Walter Martín, director de proyectos de la Asociación Suma, destacaron la importancia de la colaboración de las administraciones con el tercer sector.
Posteriormente, el psicólogo especialista en acogimiento familiar y adopción, Javier Múgica, aportó sus propuestas para responder a las necesidades sociales y emocionales de los menores en procesos de tutela, y defendió fomentar que las familias de acogida puedan ser adoptantes preferentes.
Por su parte, Pascual Ortuño, magistrado de la Sala de Familia de la Audiencia de Barcelona, y Enrique Vila, abogado y jurista especialista en protección de menores, instaron a “promover que jueces especializados intervinieran desde el primer momento”. Vila reflexionó sobre la necesidad de cambiar el sistema de protección para evitar situaciones como las de Juan Montesdeoca y Gloria Molina, una familia de acogida que mantiene una lucha legal por recuperar a José Carlos, al que amparan desde que era un bebé.
Para Molina, “la ley debe aplicarse pensando en el interés superior del menor. Algo falla cuando se aparta a un menor, perfectamente integrado y cuidado, de la que ya era su familia”.
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