El CGPJ aprueba una declaración institucional contra la amnistía

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría “la abolición” del Estado de Derecho en España.

“El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”, afirmaron.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus ocho promotores -los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona-, más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.

Aunque solo hacían falta ocho votos, consiguieron sumar a Olea modificando el texto. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, también en la órbita conservadora, optó por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

Por su parte, los cinco vocales progresistas que asistieron al Pleno votaron en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no acudió al cónclave al considerar que era “manifiestamente ilegal,” porque su finalidad es contraria “al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del CGPJ.

Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso.