La procuradora Patricia Carracedo ha sido cesada esta misma semana como delegada para la provincia tinerfeña por la Mutualidad de dicho gremio jurídico en supuesta represalia por su activismo social (está adscrita al Movimiento J2), al significarse públicamente en favor de mejoras para el colectivo y que tienen relación, precisamente, con dicha mutualidad, por otra parte una organización cuya fundación data de 1948, en plena etapa negra de la represión ejecutada por la dictadura franquista sobre la población española.
Así se desprende del escrito donde se le comunica su cese como delegada provincial de dicha Mutualidad, que se limita a invocar el artículo 7 de su reglamento.
Al revisar las causas contempladas en el mismo, dado que no se explicita cuál se aplica, solo dos parecen encajar en el mismo: el apartado 3, “incurrir en cualquier tipo de conflicto de intereses con la Mutualidad”; o el 5, “por cualesquiera otras circunstancias en que el Consejo Directivo así lo estime pertinente, para el buen funcionamiento de la Mutualidad”.
Dado que este último es obviamente incompatible con el ordenamiento jurídico vigente, donde todas las resoluciones han de ser motivadas con un mínimo de concreción, la aplicación del 3 es también cuanto menos discutible, pues las manifestaciones públicas de Carracedo se orientan exclusivamente a lo que considera mejoras para la propia mutualidad.
Sea como fuere, la procuradora en cuestión reconoció ayer a DIARIO DE AVISOS su rotunda disconformidad con tal decisión, a tal punto que va recurrir dicho cese, para lo cual ya se ha puesto en contacto con su representación legal.
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