Las familias de Buenavista del Norte afectadas por los desahucios de la promoción privada de Roycasa en Las Canteras que fue adquirida por un fondo buitre, se concentraron ayer frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, para exponer sus reivindicaciones en materia de vivienda.
Lo hicieron apoyadas por la asociación Vientos de Daute, que reivindicó como “una oportunidad para la comarca” adquirir estos inmuebles de protección oficial con un precio de alquileres sociales dignos. “Es una comarca social y económicamente deprimida y necesita de viviendas sociales que supongan un desahogo para familias con bajos salarios”, declaró Alexander Velázquez, abogado y miembro de la asociación.
Los afectados entregaron y registraron una carta dirigida al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en la que le recuerdan que se trata de viviendas públicas de una promoción que en su día recibió dinero de la Consejería de Vivienda y ahora han sido compradas por un fondo buitre “cuyo fin último es el de especular y expulsar del barrio a sus vecinas y vecinos”.
Todo ello, añaden, ante la “indignante inacción” de las administraciones públicas pese a que el deficitario parque de vivienda en el Archipiélago hace que haya 25.159 personas registradas como demandantes de una vivienda pública y solo 112 familias han conseguido que se les asigne una en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2022. A esta situación se suman los 211.000 pisos desocupados “que si salieran al mercado podrían dar respuesta a una demanda creciente”, apuntan en la misiva.
En este sentido, le solicitan al consejero de Vivienda que realice un nuevo orden de preferencia de vivienda protegida en el que se incluya a Buenavista del Norte “de manera urgente”.
El procedimiento de este caso está repleto de irregularidades. Una de ellas es que el edificio está catalogado como finca debido a que la urbanización que se entregó sin terminar y por lo tanto, no cuenta con cédula de habitabilidad. Actualmente solo siguen allí cinco de las familias afectadas ya que el resto ha sido alojado en otros municipios o en casa de familiares.
“No entendemos que ni siquiera haya habido voluntad de negociar por parte de las administraciones públicas, sino cruzarse de brazos y entregarle la promoción a un fondo buitre que va a especular con la vivienda”, declaró Velázquez.
El abogado sostuvo que el Gobierno regional “se escuda en decir que no puede adquirir ese tipo de viviendas cuando en El Rosario lo ha hecho en condiciones muy parecidas”. Por este motivo, consideró que “falta voluntad política para encontrar una solución ya que existe un marco legal amplio que ampara las reivindicaciones que estamos haciendo, solo falta alguien que lo interprete y le preste el interés necesario”, subrayó.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas