Están hartos de pasar por ser el patito feo de la Administración de Justicia y ayer se notó el notable nivel de su indignación por toda España gracias a las protestas convocadas por el sindicato Venia frente a las principales sedes judiciales del país, y que al menos por lo que respecta a las dos capitales canarias tuvo un seguimiento llamativo.
Son los abogados del turno de oficio quienes protagonizan este nuevo conflicto en el sector, probablemente con tantas razones como el que más, dado el maltrato que sistemáticamente siempre ha sufrido este colectivo.
“Parece increíble, pero han logrado una respuesta prácticamente unánime en la profesión”, reconocía ayer a este periódico uno de los letrados que se acercó a secundar las reivindicaciones que los han llevado a ejercer el derecho a la huelga desde el pasado 21 de noviembre, y que ayer se visualizó con las referidas concentraciones.
“En realidad, si estamos en huelga desde hace unas tres semanas es porque fue el pasado septiembre cuando nos dirigimos al Ministerio de Justicia con el afán de articular una mesa de trabajo donde tuvieran participación este sindicato junto con el propio Ministerio y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y así iniciar un diálogo sobre algunas de nuestras reivindicaciones, pero desde entonces seguimos sin tener siquiera la más mínima respuesta”, reconoció ayer una portavoz del colectivo.
Las reivindicaciones son claras y conocidas, que se resumen en 12 puntos, los primeros de ellos realmente básicos para empezar a tratar al colectivo en cuestión con un mínimo de respeto, dado que ni tan siquiera cuentan una regulación jurídica del profesional del turno de oficio, mientras que las retribuciones que perciben no solo son asombrosamente escasas, sino que se da como algo normal que las perciban pasados dos o tres meses después de llevar a cabo su trabajo, por no hablar de que estas en absoluto cubren la totalidad de las actuaciones que llevan a cabo ni los tiempos de disponibilidad.
Los costes
A estas alturas, era de prever que entre dichas reivindicaciones esté el abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio, así como que sea la Administración la que pague al profesional y reclame al ciudadano en los casos en que se produzca la denegación de la asistencia jurídica gratuita, poniendo así fin a los abusos que se producen en estas situaciones.
También reclaman los huelguistas consideraciones tan elementales para otros colectivos de trabajadores como es la actualización anual de las retribuciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) o la cotización a la Seguridad Social, que por cierto reclaman con efectos retroactivos.
Igualmente, se consideran con derecho a la conciliación, al descanso y a la desconexión digital, a la par que abogan por la reducción de la carga burocrática, el derecho a la formación gratuita, el reconocimiento a la condición de autoridad y, por último, entienden necesario llevar a cabo campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.
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